Cerca de 20.000 mujeres se divorciaron para recibir beneficios del programa Renta Ciudadana

Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social, indicó una inesperada maniobra de algunas beneficiarias de la Renta Ciudadana. Según Bolívar, cerca de 20,000 mujeres han optado por el divorcio como estrategia para clasificarse como cabezas de hogar y así acceder al programa estatal dirigido a mujeres con hijos menores de seis años. Este movimiento ha sido descrito por el funcionario como una respuesta astuta, aunque legal, a los criterios de elegibilidad del programa.

El programa Renta Ciudadana, que efectuará su primer pago a finales de abril de 2024, tiene como objetivo apoyar a las mujeres en situación de pobreza extrema y que lideran hogares solos. 

La ayuda económica asciende a $500.000 y pretende llegar a 517,000 beneficiarias en su fase inicial. Sin embargo, Bolívar destacó la persistencia de algunas anomalías donde, a pesar del divorcio reportado, se detectó mediante sistemas de cruce de datos que algunos hombres continúan compartiendo el domicilio con las beneficiarias.

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La verificación de estos casos se realiza en colaboración con entidades como la Registraduría y Planeación Nacional, buscando garantizar la correcta asignación de los recursos. 

Desde su designación como director, Bolívar ha enfocado esfuerzos en fortalecer la transparencia y efectividad en la distribución de los subsidios, resaltando la necesidad de una revisión meticulosa de las bases de datos de los programas sociales.

El Departamento de Prosperidad Social ha detallado que la Renta Ciudadana no solo busca proporcionar soporte económico, sino también promover la inclusión de los grupos más vulnerables. 

Esto incluye hogares con personas con discapacidad y comunidades indígenas, quienes deben cumplir con ciertas corresponsabilidades en salud y educación para ser elegibles. 

Además, la medida considera la cantidad de niños y adolescentes en la familia, la necesidad de atención continua para personas con discapacidad, y la prioridad de municipios específicos, particularmente aquellos que han sufrido desplazamiento o pertenecen a comunidades indígenas.

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