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Familia de Kevin Acosta, menor fallecido, denuncia a presidente Gustavo Petro por revelar datos clínicos del menor
Comisión de Acusaciones recibe denuncia por divulgación de la historio clínica.
La madre de Kevin Arley Acosta Pico, niño de siete años que murió el 13 de febrero de 2026 en medio de un proceso de espera para recibir un medicamento que debía suministrar la Nueva EPS, radicó una denuncia contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
El documento señala que el jefe de Estado divulgó datos reservados de la historia clínica del menor y, con ello, habría incurrido en conductas penales relacionadas con violación de la intimidad, quebrantamiento de la reserva y posible interceptación de información protegida.
La acción fue presentada el 2 de marzo por el abogado Manuel Vicente Villanueva Luis, representante legal de Yudi Caterine Pico Naranjo, madre del niño.
En el escrito, el jurista expuso que el presidente hizo pública información médica que, según la familia, estaba amparada por la reserva legal que protege los datos clínicos de cualquier paciente, incluidos los de un menor de edad.
El caso tiene como antecedente la muerte del niño, quien padecía hemofilia A y requería el medicamento emicizumab para evitar complicaciones derivadas de su condición.
Según la denuncia, Kevin sufrió una caída mientras montaba bicicleta el 9 de febrero en el municipio de Palestina, Huila, lo que le ocasionó un golpe en la cabeza.
La familia sostiene que la ausencia del medicamento, cuya entrega estaba a cargo de la Nueva EPS, incidió en el deterioro de su estado y en el desenlace posterior.
En el documento de nueve folios radicado ante la Comisión de Acusaciones, Villanueva afirmó que el presidente divulgó “circunstancias médicas particulares” relacionadas con el menor, pese a tratarse de información clasificada como confidencial.
La denuncia cita el artículo 194 de la Ley 599 de 2000, que sanciona la divulgación y uso de documentos sometidos a reserva. De acuerdo con ese artículo, la conducta atribuida al mandatario podría constituir violación de la intimidad, revelación indebida y acceso irregular a datos protegidos.
La familia sostiene que la revelación de esta información no solo excedió los límites legales impuestos a cualquier funcionario público, sino que también expuso datos clínicos que, según la normativa colombiana, solo pueden ser conocidos por el paciente, sus representantes o la autoridad judicial competente.
El escrito afirma que la divulgación presidencial configuraría un uso no autorizado de datos médicos, lo que obliga a la Comisión de Acusaciones a revisar la pertinencia de abrir una investigación formal, en atención a la investidura del jefe de Estado.
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La denuncia también insiste en la responsabilidad administrativa y operativa de la Nueva EPS en la falta del medicamento que debía recibir el menor.
El texto señala que la omisión en la entrega del emicizumab fue determinante en la evolución del caso y que la familia había insistido en su suministro oportuno.
En ese contexto, la divulgación pública de información médica —afirman— amplió el impacto del hecho y derivó en la decisión de acudir a los canales previstos para evaluar eventuales faltas del presidente en materia penal.
El abogado Villanueva concluyó que los hechos narrados permiten considerar que el mandatario podría haber vulnerado disposiciones expresas sobre confidencialidad clínica.
La Comisión de Acusaciones deberá revisar el material presentado, determinar si la conducta encaja en los tipos penales expuestos y establecer los pasos procesales correspondientes.
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