César Lorduy presenta ambicioso plan legislativo para transformar la educación en Colombia

El sistema educativo colombiano, según el diagnóstico presentado por el candidato al Senado por el partido Cambio Radical, César Lorduy, atraviesa un momento decisivo que exige reformas profundas en calidad, permanencia y pertinencia.

Su propuesta legislativa, estructurada en tres fases —educación inicial, básica y media, y educación superior— recoge problemas estructurales documentados en indicadores nacionales e internacionales y plantea mecanismos de financiación público-privados para garantizar su ejecución.

El análisis parte de cifras que muestran trayectorias escolares frágiles: de cada cien niños que ingresan al sistema, solo cincuenta y siete logran terminar la educación media sin interrupciones, mientras menos de la mitad accede de inmediato a la educación superior.

A esto se suman los rezagos en desempeño identificados en las pruebas PISA, donde Colombia se ubicó más de ochenta puntos por debajo del promedio de la OCDE, equivalente a un retraso de dos a tres años de escolaridad.

Frente a este panorama, Lorduy plantea que la transformación tecnológica, en especial la inteligencia artificial, y la caída sostenida de la natalidad abren la puerta para reorganizar el sistema educativo, optimizar recursos y orientar la formación hacia la productividad regional.

Formalización de 69.000 madres comunitarias a través del programa “Maestras de vida”.  El eje de la propuesta para la primera infancia es la formalización laboral de cerca de 69.000 madres comunitarias que actualmente sostienen la atención en zonas vulnerables, de las cuales solo 2.300 cuentan hoy con un vínculo laboral formal.

Lorduy propone una ley que las convierta en Maestras de vida, con ingreso al escalafón docente como auxiliares pedagógicas y acceso a formación técnica en atención integral a la primera infancia mediante becas articuladas con el SENA y el sector privado.

Para financiar el proceso se plantea el mecanismo Futuro por Impuestos, que permitiría a las empresas destinar un porcentaje del impuesto de renta a cubrir materiales de estudio y bonos de capacitación.

En educación básica y media, la iniciativa Talentos de mi tierra busca que todos los estudiantes de grados décimo y undécimo reciban, además del título de bachiller, un título técnico profesional alineado con la actividad económica del territorio.

El diseño curricular se adaptaría para formar jóvenes en agrotecnología, turismo sostenible, ciencias del mar, caficultura de precisión u otros sectores según la región.

El servicio social obligatorio se convertiría en Servicio Social Productivo, permitiendo que los estudiantes realicen proyectos reales con entidades como la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Comercio, ProColombia o Agrosavia, dependiendo del contexto local.

El financiamiento de laboratorios y equipos técnicos se haría mediante un esquema de Canje de Deuda por Educación, con el que el Estado negociaría con acreedores para redirigir recursos de servicio de deuda hacia la dotación de laboratorios especializados en colegios técnicos, denominados Laboratorios de la Paz.

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Para la educación superior, Lorduy propone la creación del modelo Alianza Futuro, que transformaría el recaudo del Icetex hacia un esquema contingente al ingreso.

El estudiante solo pagaría cuando supere un salario equivalente a 1.5 salarios mínimos y aportaría un 10% de su ingreso durante un periodo que duplica la duración de su carrera. Si pierde el empleo o no supera el umbral, no realizaría pagos.

El sistema se financiaría con Certificados de Depósito por Talento (CDT Solidarios) adquiridos por empresas e inversionistas, cuyos intereses serían cubiertos con dividendos de empresas estatales como Ecopetrol e ISA. El Estado asumiría la figura de deudor solidario.

Ejemplos incluidos en la propuesta muestran que un estudiante que recibe un crédito de 40 millones y gana 1.5 salarios mínimos terminaría pagando alrededor de 25,2 millones en ocho años, mientras que quienes tengan ingresos superiores aportarían hasta un máximo del 10% adicional como contribución solidaria.

Otro componente es Saber por Colombia, un programa que otorgaría a los profesionales recién graduados con deudas vigentes la posibilidad de condonar el 50% del capital tras prestar un año de servicio en municipios de categorías 4, 5 y 6 o en zonas PDET, integrándose a proyectos en curso de entidades públicas, cooperación internacional o empresas privadas.

Los costos de la condonación serían asumidos por las entidades beneficiarias del talento mediante recursos de regalías, el Presupuesto General de la Nación o inversiones privadas asociadas a compromisos sociales

La propuesta concluye que la modernización del sistema educativo requiere conectar formación, mercado laboral, desarrollo territorial y financiación compartida entre Estado y sector privado.

Lorduy sostiene que la educación debe convertirse en motor directo del desarrollo económico regional y de la movilidad social, evitando que los jóvenes queden excluidos por barreras de acceso, costos o falta de oportunidades en sus territorios.

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