Caso Iván Name: señalan a María José Pizarro de conocer irregularidades en trámite pensional

El abogado Juan Carlos Calderón España, quien promovió la demanda de pérdida de investidura contra el exsenador Iván Name, y actualmente se desempeña como director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, aseguró que la exsenadora María José Pizarro habría tenido conocimiento de los procedimientos adelantados en el Congreso durante el trámite de la reforma pensional y anunció que su equipo jurídico evalúa establecer si existen elementos para acudir a la Fiscalía General de la Nación.

El pronunciamiento se produjo después de la decisión de primera instancia del Consejo de Estado que declaró la pérdida de investidura de Name, dentro del proceso promovido por Calderón. El abogado sostuvo que la demanda fue presentada antes de julio de 2025 y que durante el trámite fueron incorporados documentos, testimonios y otras pruebas, mientras la defensa del excongresista intervino mediante apoderado.

De acuerdo con Calderón, dentro del proceso fueron valoradas las declaraciones de los exfuncionarios Olmedo López, Sneider Pinilla y Sandra Ortiz, relacionadas con la presunta entrega de más de $3.000 millones al entonces presidente del Congreso, Iván Name, y al entonces presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.

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El demandante afirmó que esos recursos habrían estado relacionados con un supuesto acuerdo entre funcionarios del Ejecutivo y miembros del Legislativo para facilitar el trámite de iniciativas en el Congreso, entre ellas la reforma pensional, y con la asignación de recursos presupuestales a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Según su versión, los recursos asignados a esa entidad posteriormente habrían sido utilizados mediante contratos de los cuales se habrían obtenido dineros destinados al pago de coimas. Sobre ese supuesto esquema, Calderón afirmó que “claramente había un concierto para delinquir entre el ejecutivo y el legislativo”.

El abogado también cuestionó la actuación de la Procuraduría General de la Nación durante el proceso de pérdida de investidura. Según explicó, el Ministerio Público solicitó que se negara la pretensión contra Name al considerar que no existían pruebas suficientes para adoptar esa decisión.

Calderón manifestó su desacuerdo con esa posición y aseguró que solicitará a la Sala de Disciplina Judicial que investigue la actuación del organismo de control. Al referirse a la intervención de la Procuraduría en este y otros procesos promovidos por él ante el Consejo de Estado, sostuvo que “se ha vuelto no solo en este proceso, sino en 20 de nulidades que yo tengo en el Consejo de Estado, una defensa aférrima a favor de los corruptos”.

Sus cuestionamientos también estuvieron dirigidos contra la Corte Suprema de Justicia por el avance de las investigaciones relacionadas con 33 congresistas mencionados dentro del expediente. Calderón anunció que promoverá acciones de pérdida de investidura contra ese grupo y aseguró que exigirá órdenes de captura.

Sobre la actuación de los magistrados de la Corte Suprema, el abogado afirmó que “en la Corte Suprema los magistrados en el día tienen una toga y en la noche se vuelven políticos”.

Otro de los señalamientos formulados por Calderón estuvo dirigido contra María José Pizarro, quien estuvo al frente de sesiones plenarias durante ausencias temporales de Iván Name en la Presidencia del Congreso.

Pizarro ha rechazado cualquier vinculación con los hechos y sostuvo: “no permitiré que se me pretenda vincular impunemente con hechos en los que no tuve participación ni conocimiento alguno”.

Calderón controvirtió esa afirmación y sostuvo que Pizarro, por haber presidido sesiones durante las ausencias de Name, tenía conocimiento de los procedimientos legislativos que se desarrollaban en ese momento.

“María José Pizarro, ella no puede decir que no conocía cuando ella presidió más de 20 sesiones en las ausencias temporales que tenía el expresidente del Congreso, Iván Name”, afirmó el abogado.

Calderón agregó que las funciones ejercidas por Pizarro implicaban conocer el procedimiento relacionado con las actas, las sesiones y las actuaciones adelantadas en el Congreso durante la discusión y aprobación de proyectos.

“Ella conocía del procedimiento de las actas, de las sesiones, de las comisiones que se estaban haciendo, desarrollando y aprobando para que se aprobara, valga la redundancia, la ley pensional y otras normas”, señaló.

El demandante indicó, además, que su equipo jurídico analiza si existen elementos que permitan formular una actuación penal relacionada con Pizarro.

Según explicó, en caso de identificar la posible configuración de un delito, acudirán ante la Fiscalía General de la Nación.

“Estaremos pendientes de que podamos establecer un presunto delito para ir a la Fiscalía General de la Nación, porque ella no puede desconocer. Ella presidió la sesión, presidió la sesión en la ausencia del presidente del Congreso, o sea, ella conocía de lo que se estaba aprobando”, concluyó Calderón.

La respuesta de Pizarro

Tras conocerse la polémica, la excongresista rechazó los señalamientos y expidió un comunicado:

“Ante la decisión del Consejo de Estado que decretó, en primera instancia, la pérdida de investidura del exsenador Iván Name, y frente a las pretensiones malintencionadas de algunos medios y sectores políticos de vincularme con ese caso reitero: no tengo nada que ver con las actuaciones del señor Name. No permitiré que se me pretenda vincular impunemente con hechos en los que no tuve participación ni conocimiento alguno.

Fui elegida primera vicepresidenta del Senado el 20 de julio de 2023. El artículo 45 de la Ley 5.ª de 1992 establece que los vicepresidentes sustituyen al presidente en caso de ausencia o imposibilidad. Eso fue lo que hice, cuando correspondió, en numerosas sesiones del Senado, incluidas las del trámite de la Reforma Pensional, que estuvo marcado por dilaciones injustificadas para su inclusión en el orden del día, dificultades constantes para garantizar el quórum y reiterados retrasos.

Mi desempeño en la Mesa Directiva fue institucional y está documentado en las actas y los registros audiovisuales oficiales del Senado. Cualquier discusión sobre mi conducta debe basarse en esas pruebas, y no en interpretaciones que excedan lo establecido en la decisión judicial. Que el fallo examine sesiones que presidí no significa que se me atribuya participación alguna en los hechos por los que el señor Name fue sancionado.

Como senadora del Pacto Histórico, actué conforme a mis funciones y fiel a mis convicciones al haberle entregado a las y los colombianos las reformas sociales que tramitamos en el Congreso.

Espero de las autoridades celeridad, transparencia y justicia para que estos hechos se esclarezcan y los responsables asuman las consecuencias de sus actuaciones”.

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