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Carolina Olarte-Bácares, candidata de Colombia a magistrada de la Corte Penal Internacional
La embajadora en Países Bajos fue postulada por el Gobierno y es la única aspirante de América Latina para uno de los seis escaños en el tribunal de La Haya.
El presidente Gustavo Petro confirmó la postulación de Carolina Olarte-Bácares como candidata de Colombia para ocupar uno de los seis cargos de magistrada en la Corte Penal Internacional.
La elección se llevará a cabo entre el 7 y el 17 de diciembre durante la Asamblea de los Estados Parte en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Olarte-Bácares es, además, la única candidata postulada por el Grupo de América Latina y el Caribe (Grulac), y competirá con otros aspirantes de distintas regiones del mundo para integrar el tribunal en el periodo 2027-2036.
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Actualmente, la diplomática se desempeña como embajadora de Colombia en Países Bajos, país donde tiene sede la CPI. Su candidatura fue presentada dentro del plazo establecido para los Estados miembros del tribunal internacional.
En el anuncio, el jefe de Estado destacó su trayectoria como “defensora de los derechos humanos y del derecho de gentes”, respaldando su perfil para ocupar uno de los cargos más relevantes en la justicia penal internacional.
Olarte-Bácares es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, cuenta con una maestría en Derecho Internacional de la Universidad Robert Schuman de Estrasburgo y es doctora en Derecho de la Universidad París 1 Panthéon-Sorbonne. A lo largo de su carrera ha trabajado como consultora en temas de derecho internacional, arbitraje de inversiones y derechos humanos.
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También fue decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana entre 2020 y 2023, año en el que asumió como embajadora. Además, es fundadora de la Academia Colombiana de Derecho Internacional (Accoldi) y ha sido integrante de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya.
En el ámbito internacional, participó como co-agente del Estado colombiano ante la Corte Internacional de Justicia en el litigio sobre la plataforma continental extendida frente a Nicaragua.
Desde la Cancillería señalaron que la postulación representa un compromiso con el papel de la Corte Penal Internacional en la lucha contra la impunidad y en la defensa de la justicia global.
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