Cancillería pagó $3.109 millones por modernización fallida del SITAC

Un informe final de supervisión sobre el contrato para modernizar el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (SITAC) del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia reveló que la entidad desembolsó 3.109 millones de pesos al contratista encargado, pese a reiterados incumplimientos y sin que se cumplieran los requisitos exigidos.

El documento señala que el pago, equivalente al 30% del valor total del contrato, fue autorizado el 17 de diciembre de 2024 en favor de Aldesarrollo, pese a que los soportes entregados no cumplían con estándares mínimos de calidad, suficiencia e idoneidad. Además, la factura presentada no registraba el impuesto al valor agregado (IVA).

El reporte fue firmado por William Albarracín, quien dejó constancia de que el giro fue aprobado por su antecesora, Luz Adriana Rodríguez, a pesar de las advertencias técnicas existentes.

Retrasos, prórrogas y metas incumplidas

El contrato, firmado el 15 de octubre de 2024 durante la administración del entonces canciller Luis Gilberto Murillo, tenía un valor total de 10.364 millones de pesos y contemplaba la modernización tecnológica del SITAC, plataforma clave para trámites como pasaportes, visas, nacionalidad y certificaciones.

Sin embargo, la primera fase del proyecto, que debía concluir el 31 de diciembre de 2024, fue prorrogada en dos ocasiones hasta el 31 de agosto de 2025 sin que se alcanzaran las metas previstas. Según el informe, al vencimiento del plazo no se había completado ninguna de las obligaciones principales.

El supervisor advirtió que desde el inicio del contrato se registraron retrasos e inconsistencias técnicas. En particular, señaló que los módulos relacionados con pagos, consultas y agendamiento de citas presentaban fallas recurrentes y carecían de especificaciones claras.

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Además, tres pruebas piloto realizadas con consulados para evaluar el sistema de agendamiento de citas fracasaron y nunca se logró una versión final funcional. Posteriores pruebas, enfocadas en la experiencia del usuario, volvieron a evidenciar problemas en el registro, validación de datos y gestión de citas.

Fallas tecnológicas y ausencia de infraestructura segura

El contrato también contemplaba la implementación de una nube digital “robusta, escalable y segura” que serviría como base tecnológica del sistema. Sin embargo, según el informe, el contratista no logró garantizar la seguridad ni la funcionalidad de dicha infraestructura.

Ante la falta de avances, la Cancillería tuvo que recurrir a infraestructura temporal para mantener operativos algunos servicios dirigidos a los ciudadanos. Estas fallas técnicas han sido relacionadas con los problemas recientes en servicios consulares, incluida la expedición de pasaportes.

El documento también menciona irregularidades en la gestión del personal del proyecto, como cambios constantes en el equipo técnico y la falta de soportes de pago de seguridad social para algunos trabajadores durante el último mes del contrato.

Investigaciones en curso y cuestionamientos al modelo contractual

Tras evidenciarse los incumplimientos, en enero de 2026 se anunció un proceso sancionatorio contra Aldesarrollo. Sin embargo, hasta ahora no se ha informado si los recursos desembolsados podrán ser recuperados.

El caso se suma a otras investigaciones en curso contra la entidad contratista. En la Fiscalía General de la Nación avanza un proceso de indagación que involucra un equipo especializado de la Delegada para las Finanzas Criminales y la Dirección Especializada contra la Corrupción, con apoyo de la Unidad de Información y Análisis Financiero, en lo que podría convertirse en un macrocaso de presunta corrupción.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación también adelanta investigaciones contra el representante de Aldesarrollo, Omar Enrique Florez Escorcia, por presuntas irregularidades en otro contrato relacionado con mejoramiento vial en Santander.

A pesar de los cuestionamientos, se conoció que durante 2026 Aldesarrollo ha suscrito contratos por más de 347.000 millones de pesos con diferentes entidades estatales, lo que mantiene abierto el debate sobre el uso de convenios interadministrativos y los mecanismos de control en la contratación pública.

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