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Buscan que menores que cometan delitos graves paguen hasta 60 años de cárcel
Radican proyecto de ley que endurece el castigo penal para adolescentes entre 14 y 18 años que incurran en delitos como homicidio, secuestro o concierto para delinquir.

En la Secretaría de la Cámara de Representantes fue radicado un proyecto de ley que propone modificar el régimen penal juvenil en el país, permitiendo que menores de entre 14 y 18 años puedan recibir penas de hasta 60 años de prisión si cometen delitos graves. Actualmente, el castigo máximo bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) es de ocho años.
La iniciativa es respaldada por los representantes Óscar Villamizar (Centro Democrático), Miguel Polo Polo (curul afro), Carolina Arbeláez y Luz Ayda Pastrana (Cambio Radical), Piedad Correal y José Octavio Cardona (Partido Liberal).
El objetivo del proyecto es que los adolescentes sean juzgados bajo las mismas condiciones del régimen penal ordinario cuando incurran en delitos de alto impacto como homicidio, hurto calificado, secuestro o delitos sexuales.
¡PROMESA CUMPLIDA! ACABAMOS DE RADICAR EL PROYECTO DE LEY QUE HARÁ QUE LOS JÓVENES QUE COMETAN CRÍMENES COMO ADULTOS, PAGUEN PENAS DE ADULTOS.
PROYECTO 025 DE 2025 CÁMARA pic.twitter.com/cntUqhyYYy— MIGUEL ABRAHAM POLO POLO (@MiguelPoloP) July 21, 2025
“Hoy los niños están siendo preparados y educados para ser delincuentes”, afirmó el representante Villamizar, quien además defendió la propuesta señalando que no se trata de estigmatizar a la niñez, sino de responder a una realidad en la que muchos menores son instrumentalizados por bandas criminales.
El texto también hace una dura crítica al SRPA, al que califica como “deficiente”, al considerar que su enfoque garantista ha facilitado que menores sean reclutados por estructuras delincuenciales debido a las penas benignas.
El proyecto plantea que los adolescentes reciban penas proporcionales a la gravedad del delito, y que el proceso judicial se realice bajo el mismo esquema aplicable a los adultos.
El atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio fue citado como un ejemplo emblemático. Según los autores del proyecto, este caso reabrió el debate sobre la efectividad del actual modelo de justicia juvenil, ya que el presunto agresor era menor de edad y había estado vinculado a programas estatales.
Los autores del proyecto insisten en que se requiere una respuesta más contundente por parte del Estado ante el uso sistemático de menores en el crimen organizado.
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