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JEP evalúa salud y seguridad de exagente de inteligencia José Leonairo Dorado
La JEP verificará condiciones de reclusión y salud del exsargento, pero niega su sometimiento por delitos sin relación con el conflicto.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) adoptó una serie de medidas para verificar las condiciones de reclusión, salud y seguridad del sargento viceprimero (r) del Ejército Nacional José Leonairo Dorado Gaviria, quien ha entregado información en el marco de los casos 06 y 08 de esa jurisdicción, relacionados con crímenes contra miembros de la Unión Patriótica y alianzas con paramilitares.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ordenó revisar su estado de salud física y mental, y solicitó a instituciones penitenciarias y médicas la remisión de su historia clínica, así como verificar si ha sido trasladado a un centro psiquiátrico, bajo qué condiciones y con autorización de qué autoridad.
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Esta decisión responde a dos solicitudes hechas por su representante judicial: una de abril de 2025, pidiendo evaluar la posibilidad de otorgarle libertad transitoria, condicionada y anticipada, y otra de mayo, en la que se advertía un aumento en su nivel de riesgo y se solicitaban medidas de protección para él y su familia.
No obstante, la JEP reiteró que no es posible aceptar su sometimiento, decisión tomada inicialmente en 2018 y ratificada en segunda instancia. La jurisdicción consideró que el delito de secuestro extorsivo, por el que fue condenado en la justicia ordinaria, no tiene relación directa ni indirecta con el conflicto armado, y fue motivado por beneficio económico personal, lo que lo excluye de la competencia de la JEP.
Pese a su versión voluntaria rendida ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, la credibilidad de sus aportes ha sido cuestionada, al presentar contradicciones, vacíos de información y elementos que afectan su coherencia. Por ello, será esta sala la que determine la relevancia de su testimonio, su verificación, y si tiene calidad de máximo responsable en los macrocasos en curso.
Finalmente, se solicitó al Grupo de Protección de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) realizar una nueva valoración del nivel de riesgo de Dorado Gaviria.
Una primera evaluación, hecha en 2024, resultó negativa, dado que el compareciente permanece recluido en un centro militar. La resolución fue adoptada bajo el número 2304 de 2025.
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