Procuraduría apela condena de Juliana Guerrero y pide investigar posible nuevo delito

La Procuraduría General de la Nación apeló la decisión adoptada dentro del proceso penal contra Juliana Guerrero y solicitó que se examine la posibilidad de que la exfuncionaria del gobierno de Gustavo Petro haya incurrido en otro delito distinto a los incluidos en el acuerdo alcanzado en el caso relacionado con la presentación de títulos académicos falsos.

El procurador general, Gregorio Eljach, confirmó la actuación del delegado del Ministerio Público que interviene en el proceso y explicó que el funcionario pidió revisar si los hechos atribuidos a Guerrero podrían configurar una conducta penal adicional.

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Eljach se refirió al caso desde Barranquilla, durante la Asamblea Nacional de Personeros, donde señaló que el proceso ya tuvo un principio de oportunidad y posteriormente una condena relacionada con los documentos académicos expedidos por la Fundación Universitaria San José que Guerrero presentó en medio de su aspiración a ocupar el Viceministerio de Juventudes del Ministerio de Igualdad.

De acuerdo con el procurador general, el delegado que participa en el proceso decidió apelar y planteó ante la justicia la necesidad de establecer si, además de las conductas contempladas en el acuerdo, existe otro delito que deba ser objeto de análisis por parte de las autoridades judiciales.

“El procurador delegado ante ese caso apeló y dijo que había que examinar la posibilidad de la comisión de otro delito distinto a aquel mediante el cual hicieron el acuerdo”, explicó Eljach al referirse a la actuación del representante del Ministerio Público.

El procurador general precisó que el delegado tiene autonomía para adoptar este tipo de decisiones dentro de sus funciones y que corresponderá al juez determinar si el planteamiento presentado mediante la apelación tiene fundamento.

“Él tiene autonomía plena e independencia, nadie lo manda, yo no lo mando, él ejerce su función y el juez evaluará si tiene razón o no. De allí saldrán las decisiones”, manifestó Eljach ante los medios de comunicación.

La apelación se conoce después de que Guerrero aceptara ante las autoridades judiciales su responsabilidad por la presentación de títulos académicos falsos.

Como consecuencia del proceso, fue condenada a tres años, aunque no deberá cumplir la pena en un establecimiento carcelario ni bajo prisión domiciliaria.

La decisión judicial le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por lo que Guerrero permanecerá en libertad bajo las condiciones establecidas en la sentencia.

Sin embargo, deberá cumplir las demás sanciones económicas y administrativas que fueron fijadas en su contra.

Entre esas medidas se encuentra el pago de una multa cercana a los $175 millones a favor del Estado. La sanción económica forma parte de las obligaciones impuestas dentro de la sentencia y deberá ser atendida por la exfuncionaria.

Además, Guerrero quedó inhabilitada para ejercer cargos o funciones públicas durante tres años, el mismo periodo establecido para la sanción penal. La prohibición le impide desempeñarse en el sector público durante el tiempo determinado por el juez.

Durante la audiencia en la que se adoptó la decisión, el juez hizo un llamado de atención a Guerrero por las circunstancias en las que fueron presentados los documentos académicos.

El funcionario judicial señaló que los hechos no podían ser considerados producto de un descuido o de un error.

Según lo expresado por el juez, la presentación de los documentos se produjo de manera consciente y estaba relacionada con la intención de acceder a un cargo dentro del Estado. El despacho hizo énfasis en que Guerrero buscaba ser nombrada viceministra de Juventudes.

“Estamos hablando de una persona que estaba entregando unos documentos para ser nombrada viceministra de las Juventudes, un cargo que implica la mayor responsabilidad, no solo con el Estado, sino con la juventud de este país”, señaló el juez durante la diligencia.

El proceso se originó por los títulos académicos expedidos por la Fundación Universitaria San José que Guerrero presentó para acreditar su formación mientras aspiraba al Viceministerio de Juventudes del Ministerio de Igualdad.

Aunque la sentencia estableció una condena de tres años y permitió la suspensión condicional de su ejecución, la actuación de la Procuraduría mantiene abierto un nuevo frente dentro del trámite judicial.

El recurso presentado por el procurador delegado busca que se determine si los hechos que rodearon el caso permiten examinar una conducta penal distinta de aquellas que hicieron parte del acuerdo.

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