Equipo de empalme de gobierno entrante pide a gobierno saliente frenar contratos por $3,2 billones en La Guajira

El equipo de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella expresó su preocupación por la adjudicación de varios contratos de obra pública en La Guajira, realizada a pocos días del cambio de gobierno, y solicitó al Ejecutivo saliente abstenerse de firmarlos hasta que puedan ser revisados por la nueva administración.

De acuerdo con el comunicado oficial, se trata de 10 contratos de obra y seis de interventoría para vías terciarias, cuyo valor total asciende a aproximadamente $3,2 billones. Estos compromisos incluyen vigencias futuras hasta el año 2035, lo que, según el equipo entrante, condicionaría la gestión del próximo gobierno.

El documento señala que siete de los contratos corresponden al municipio de Uribia, con un valor cercano a los $2 billones, mientras que los tres restantes están destinados a Riohacha, Maicao y Manaure, por cerca de $1,1 billones. A esto se suman contratos de interventoría por más de $200.000 millones.

El equipo de empalme cuestionó la oportunidad de estos procesos contractuales, argumentando que se adelantan cuando restan pocos días para el fin del actual gobierno. En ese sentido, plantearon que una administración saliente debería priorizar una transición ordenada y transparente, en lugar de comprometer recursos de largo plazo.

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Asimismo, indicaron que se revisará la participación de empresas en los consorcios adjudicatarios, así como la estructuración de los contratos y los niveles de competencia en el proceso.

En el comunicado, también se aclara que no existe oposición a la ejecución de obras de infraestructura en las regiones, pero sí a la toma de decisiones de alto impacto fiscal en la etapa final de un gobierno.

El equipo entrante anunció que, una vez inicie el nuevo mandato, se realizará una revisión técnica, jurídica y financiera de los contratos. Según indicaron, aquellos proyectos que cumplan con criterios de solidez y beneficio para las comunidades continuarán, mientras que en caso de detectarse irregularidades se adoptarán las medidas correspondientes.

Por el momento, no se ha conocido una respuesta oficial por parte del gobierno saliente frente a esta solicitud.

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