Carrascal cuestiona a Postobón por presuntas presiones a trabajadores en Bogotá

La representante a la Cámara María Fernanda ‘Mafe’ Carrascal reaccionó a una investigación periodística que reportó posibles irregularidades en la desvinculación de cerca de cien trabajadores de la empresa Postobón en Bogotá, algunos de ellos con restricciones médicas o afectaciones de salud relacionadas con sus labores.

Según la publicación, los hechos habrían ocurrido el 15 de mayo de 2026, cuando los empleados fueron citados a auditorios y hoteles sin conocer previamente el motivo de la convocatoria. En esos espacios, representantes de la compañía habrían informado la terminación de los contratos laborales y presentado acuerdos de “retiro voluntario”.

De acuerdo con testimonios, documentos y grabaciones recopiladas en la investigación, algunos trabajadores señalaron que se habrían presentado presiones para firmar dichos acuerdos. La congresista Carrascal cuestionó esta situación y expresó que no puede considerarse voluntario un acuerdo si una de las partes afirma haber sido presionada.

“De frente les dijeron que firmaran ese acuerdo o serían despedidos”, afirmó la representante en su cuenta de X al referirse a los hallazgos del informe periodístico.

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Entre las denuncias recogidas, extrabajadores indicaron que habrían recibido advertencias sobre posibles consecuencias si no aceptaban las condiciones propuestas. Asimismo, señalaron que, en algunos casos, no se les habría permitido contar con tiempo suficiente para consultar con familiares o asesores legales antes de tomar una decisión.

Uno de los casos mencionados es el de una trabajadora con más de una década en la empresa, quien presenta afectaciones de salud derivadas de un accidente laboral. Según la investigación, durante el proceso de retiro se le habría sugerido que una eventual acción judicial tendría pocas probabilidades de éxito.

Por su parte, Postobón rechazó las acusaciones y aseguró que todos los procesos de terminación laboral se realizaron dentro del marco legal vigente y mediante acuerdos voluntarios entre las partes. La empresa sostuvo que no se vulneraron los derechos ni las garantías de los trabajadores involucrados.

Ante las versiones encontradas, el Ministerio del Trabajo habría iniciado inspecciones para recopilar información y determinar si los procedimientos respetaron la normativa laboral. La revisión cobra especial relevancia debido a que algunos de los empleados tendrían condiciones médicas que podrían implicar estabilidad laboral reforzada.

Hasta el momento, la autoridad laboral no ha emitido una decisión definitiva. Mientras tanto, Carrascal manifestó su respaldo a los trabajadores que denuncian irregularidades y señaló la necesidad de esclarecer si los acuerdos firmados fueron realmente voluntarios o si existieron presiones que afectaron la libertad de decisión.

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