Denuncian penalmente a tres exministros del gobierno Petro por crisis de salud de los maestros en el FOMAG

Tres exministros del gobierno de Gustavo Petro fueron denunciados penalmente ante la Fiscalía General de la Nación por sus presuntas responsabilidades en las decisiones que llevaron a la implementación del nuevo modelo de atención del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).

Los denunciados son Gloria Inés Ramírez, exministra de Trabajo; Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, y Aurora Vergara, exministra de Educación.

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Según los hechos expuestos por el denunciante, Pablo Bustos, las decisiones adoptadas entre 2023 y 2026 habrían desencadenado problemas en la contratación de la red de prestadores, dificultades en la atención médica y un déficit estimado en $2,7 billones.

El documento indica que el primer episodio se registró en octubre de 2023, cuando fue cancelada la licitación con la que se buscaba contratar los servicios de salud para los maestros, luego de que el entonces presidente Gustavo Petro, anunciara la suspensión del proceso.

Seis meses después, en abril de 2024, el Consejo Directivo del FOMAG aprobó un nuevo modelo de atención, junto con cambios en el esquema de contratación y el traslado de $1,24 billones para su implementación.

Sin embargo, el modelo comenzó a operar en mayo de 2024 y, apenas dos meses después, ya se reportaban problemas en la entrega de medicamentos. A esto se sumó el vencimiento de los contratos de la red de prestadores en diciembre de ese mismo año, así como las diferencias entre el Ministerio de Educación y la Fiduprevisora sobre cuál de las dos entidades tenía la competencia para contratar los servicios.

Este panorama llevó a la Superintendencia Nacional de Salud a imponer una medida cautelar en septiembre de 2025. Posteriormente, en mayo de 2026, la entidad reportó incumplimientos en ocho de las 13 órdenes impartidas al FOMAG.

El pasado 2 de octubre de 2026 se trasladaron $859.000 millones del componente de pensiones al de salud. No obstante, el déficit estimado continúa en $2,7 billones.

Mientras la Contraloría, la Procuraduría y la Superintendencia Nacional de Salud adelantan actuaciones sobre el caso, la denuncia penal pretende que la Fiscalía establezca si hubo responsabilidades individuales de los exfuncionarios señalados.

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