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ONU llevará a la Asamblea General la crisis de desapariciones forzadas en México
Aumentan los casos en el país azteca. Comité de la ONU activó por primera vez un mecanismo previsto en la Convención Internacional.
La situación de las desapariciones forzadas en México llegó oficialmente a la Asamblea General de las Naciones Unidas luego de que el secretario general de la organización, António Guterres, remitiera una comunicación elaborada por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED), organismo encargado de supervisar el cumplimiento de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
La decisión constituye un paso dentro de los procedimientos previstos por el sistema internacional de derechos humanos y abre la posibilidad de que el máximo órgano deliberativo de las Naciones Unidas examine la situación que enfrenta México en materia de desapariciones forzadas durante su próximo periodo de sesiones.
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La comunicación enviada por Guterres recoge una carta elaborada por la presidencia del Comité contra la Desaparición Forzada, encabezada por Juan Pablo Albán Alencastro, en la que se exponen las conclusiones alcanzadas por ese organismo tras analizar información recibida durante más de un año sobre la situación mexicana.
Mecanismo es activado por primera vez
El procedimiento utilizado por el Comité se fundamenta en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, una disposición que contempla la posibilidad de elevar un caso ante la Asamblea General cuando existan elementos que indiquen que este tipo de conductas se presentan de manera generalizada o sistemática en el territorio de un Estado que forma parte del tratado.
De acuerdo con la información difundida por el propio Comité, esta es la primera ocasión en que dicho mecanismo es activado desde la entrada en vigor de la Convención, lo que convierte el caso mexicano en un precedente dentro de los instrumentos internacionales destinados a combatir este delito.
La activación de este procedimiento ocurrió después de que el Comité recibiera entre febrero y mayo de 2025 diversos informes, testimonios y documentación aportados por organizaciones de la sociedad civil y colectivos integrados por familiares de personas desaparecidas.
Tras estudiar el material recibido, el organismo internacional solicitó información al Estado mexicano con el propósito de obtener explicaciones y conocer las acciones emprendidas por las autoridades frente a las denuncias planteadas.
Comité analizó respuesta del Estado mexicano
Según la documentación difundida por el Comité, el Estado mexicano presentó información que fue evaluada por los expertos del organismo hasta marzo de 2026.
Una vez concluido el análisis, el Comité resolvió actuar con carácter de urgencia y trasladar el asunto a la Asamblea General de las Naciones Unidas para que ese órgano determine las medidas que considere pertinentes dentro de sus competencias.
El objetivo de la comunicación es que la Asamblea General examine mecanismos de apoyo y acompañamiento dirigidos a fortalecer las acciones relacionadas con la prevención de desapariciones forzadas, la localización de personas desaparecidas, la investigación de los hechos denunciados, la sanción de los responsables y la adopción de medidas orientadas a evitar la repetición de estos casos.
La carta fue enviada oficialmente el pasado 17 de junio y representa uno de los pasos más relevantes adoptados hasta ahora por los mecanismos de supervisión de Naciones Unidas respecto de la situación mexicana.
Organizaciones destacan decisión de Naciones Unidas
Tras conocerse la remisión formal de la comunicación a la Asamblea General, diversas organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos expresaron su posición frente a la medida adoptada por el Comité y respaldada por la Secretaría General de las Naciones Unidas.
Una de ellas fue IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos, organización que informó que la discusión del tema podría producirse durante el próximo periodo de sesiones de la Asamblea General, previsto para septiembre de este año.
La organización señaló que el traslado del asunto al máximo órgano deliberativo de Naciones Unidas representa una nueva etapa dentro del seguimiento internacional que se realiza sobre la situación de las desapariciones en México.
Amnistía Internacional pide aprovechar el proceso
Por su parte, Amnistía Internacional manifestó su respaldo a la decisión adoptada por el Comité y destacó la importancia de que el secretario general de la ONU hubiera formalizado la transmisión de la comunicación a la Asamblea General.
La organización consideró que la medida constituye un reconocimiento de la situación que enfrentan miles de familias que continúan buscando a sus seres queridos y que durante años han impulsado acciones para exigir respuestas de las autoridades.
Asimismo, señaló que el trabajo desarrollado por colectivos de búsqueda y organizaciones de derechos humanos ha sido determinante para mantener la atención nacional e internacional sobre esta problemática.
Amnistía Internacional indicó que la eventual discusión del caso ante la Asamblea General puede convertirse en un escenario para examinar las medidas implementadas por el Estado mexicano y evaluar los avances alcanzados en materia de búsqueda, investigación, sanción de responsables y reparación a las víctimas.
Llamado al Gobierno de México
La organización también hizo un llamado al Gobierno mexicano para que participe en este proceso dentro del marco de cooperación establecido por los organismos internacionales de derechos humanos.
Según Amnistía Internacional, la intervención de la Asamblea General no debe interpretarse como un enfrentamiento entre el Estado y los mecanismos internacionales, sino como una oportunidad para fortalecer las instituciones encargadas de atender las desapariciones y mejorar la respuesta de las autoridades frente a las demandas de las víctimas y sus familias.
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