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Nuevo desplazamiento masivo en el Bajo Cauca: 11 familias huyen de Tarazá por enfrentamientos armados
Aumenta conflictividad en la región.
La crisis humanitaria en el Bajo Cauca antioqueño continúa agravándose. Once familias de la zona rural del municipio de Tarazá se vieron obligadas a abandonar sus viviendas en las últimas horas debido a los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que mantienen disputas por el control territorial en esta región del departamento.
La situación fue confirmada por la subsecretaria de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia, María Patricia Giraldo, quien informó que el desplazamiento afecta a habitantes de las veredas Tamí y Doradas.
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Según explicó la funcionaria, las autoridades departamentales activaron los mecanismos de atención mientras avanzan las labores de verificación y caracterización de la población afectada.
De acuerdo con el reporte preliminar, las familias llegaron a las zonas urbanas en busca de protección ante el recrudecimiento de la confrontación armada.
Las autoridades señalaron que el censo de afectados permanece abierto, por lo que el número de personas desplazadas podría aumentar a medida que se recopile información en terreno.
La emergencia ocurre en medio de una compleja situación de orden público que atraviesa el Bajo Cauca, una de las regiones más golpeadas por la presencia y confrontación de estructuras armadas ilegales.
La Gobernación de Antioquia instaló un Comité de Justicia Transicional en Tarazá con el propósito de coordinar la respuesta institucional y garantizar la atención inmediata a las familias que tuvieron que abandonar sus hogares.
Este nuevo episodio se suma al desplazamiento masivo reportado horas antes en el corregimiento de Puerto López, jurisdicción del municipio de El Bagre, donde 131 familias resultaron afectadas por hechos similares relacionados con las disputas entre grupos armados ilegales.
Con ambos eventos, las autoridades contabilizan hasta ahora 355 personas afectadas en la subregión, una cifra que refleja el deterioro de las condiciones de seguridad en el Bajo Cauca durante los últimos días.
El caso de Puerto López constituye, hasta el momento, el desplazamiento de mayor magnitud registrado esta semana en la región.
La respuesta institucional incluye la activación de la ruta de atención humanitaria de emergencia, mediante la cual se entregarán ayudas básicas a las familias desplazadas.
Entre las medidas previstas se encuentra la distribución de kits de asistencia humanitaria y el acompañamiento de las entidades que integran los comités de justicia transicional.
En paralelo, organizaciones defensoras de derechos humanos han alertado sobre la gravedad de la situación. La Corporación Sumapaz informó que en Puerto López se habrían presentado ataques con drones contra la población civil, atribuidos a los grupos armados que operan en la zona.
De confirmarse, este hecho evidenciaría el creciente uso de tecnologías de guerra por parte de las estructuras ilegales que hacen presencia en el Bajo Cauca.
Las autoridades departamentales mantienen el monitoreo permanente de la situación y continúan evaluando las condiciones de seguridad en los municipios afectados, mientras avanzan las labores de asistencia y protección a la población desplazada.
La crisis se presenta además en vísperas de la jornada electoral, para la cual Antioquia dispuso un amplio despliegue de seguridad. Más de 14.000 uniformados fueron ubicados en las nueve subregiones del departamento con el objetivo de garantizar el orden público y prevenir nuevos hechos de violencia durante el fin de semana.
Pese a estas medidas, los recientes desplazamientos en Tarazá y El Bagre ponen en evidencia los desafíos que persisten en materia de seguridad en el Bajo Cauca, una región donde las disputas entre organizaciones armadas continúan generando confinamientos, desplazamientos forzados y afectaciones directas a la población civil.
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