Tres presuntas víctimas en caso Jorge Alfredo Vargas denuncian presión de Fiscalía y piden no ser revictimizadas

Mientras la Fiscalía General de la Nación avanza en el proceso penal contra Jorge Alfredo Vargas por el presunto delito de acoso sexual, tres mujeres identificadas dentro del expediente como presuntas víctimas decidieron hacer pública una posición que, según afirman, habían manifestado reiteradamente tanto ante el ente investigador como ante Caracol Televisión.

En un comunicado de este miércoles, las periodistas sostienen que nunca solicitaron ser reconocidas como víctimas dentro del proceso penal y que, pese a ello, la Fiscalía insistió durante semanas en vincularlas formalmente a la actuación judicial.

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El documento constituye una explicación pública de las razones por las cuales decidieron no constituirse como víctimas procesales, al tiempo que rechazan cualquier interpretación según la cual esa decisión implique desconocer los hechos denunciados.

El comunicado inicia con una frase que resume el sentido del pronunciamiento: "No se puede renunciar a un caso en el que no hemos pedido estar".

Las firmantes explican que comparecen ante la opinión pública únicamente porque consideran necesario aclarar su posición después de que el proceso penal adquiriera notoriedad.

Precisan que aparecen identificadas dentro del expediente como las presuntas víctimas dos, tres y cuatro, pero aseguran que nunca promovieron una denuncia penal contra Vargas.

Según relatan, desde el primer momento manifestaron tanto a Caracol Televisión como a la Fiscalía que no era su interés impulsar una investigación penal en contra del hoy imputado.

En el texto sostienen que, tras las denuncias internas presentadas dentro de la empresa, consideran que la organización adoptó decisiones que, desde su perspectiva, les brindaron verdad, justicia, seguridad y garantías de no repetición.

Las periodistas explican que el conflicto comenzó una vez concluyó el procedimiento interno adelantado por el canal.

Afirman que posteriormente fueron contactadas por funcionarios de la Fiscalía mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes enviados por WhatsApp con el propósito de que hicieran parte activa del proceso judicial.

Aunque reconocen expresamente que el delito de acoso sexual constituye una conducta que puede investigarse de oficio por parte de la Fiscalía General de la Nación, señalan que en múltiples oportunidades dejaron claro que no deseaban constituirse como víctimas procesales mediante un apoderado.

A pesar de ello, sostienen que el ente investigador insistió en su participación.
Esa situación, aseguran, terminó obligándolas a hacer pública una circunstancia que jamás pretendieron protagonizar.

El documento califica esa insistencia como una forma de revictimización, concepto ampliamente desarrollado por organismos internacionales dedicados a la protección de víctimas de violencia basada en género.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que la revictimización puede presentarse cuando las víctimas son sometidas a actuaciones institucionales que incrementan el sufrimiento derivado del hecho investigado o las obligan a revivir permanentemente los episodios traumáticos.

De igual forma, instrumentos como la Convención de Belém do Pará y diversos estándares desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos insisten en que los Estados deben evitar actuaciones que produzcan daños adicionales durante las investigaciones.

Precisamente sobre ese punto gira buena parte del comunicado.

Las periodistas afirman que su decisión de mantenerse por fuera del proceso penal nunca obedeció a un cambio de versión, ni representa una retractación frente a los hechos ocurridos.

Por el contrario, sostienen expresamente que los hechos abusivos y degradantes contra su libertad sexual ocurrieron.

Como respaldo de esa afirmación mencionan un hecho que consideran demostrativo: la terminación por mutuo acuerdo del contrato laboral de Jorge Alfredo Vargas con Caracol Televisión.

Las firmantes presentan esa decisión empresarial como una consecuencia del procedimiento interno adelantado por el canal.

Sin embargo, el comunicado no aporta documentos adicionales que expliquen los términos de dicha terminación ni señala que exista una decisión judicial que establezca responsabilidades derivadas de ese proceso interno.

Otro de los aspectos que ocupa un lugar central dentro del documento tiene que ver con la protección de la identidad y la reserva.

Las periodistas manifiestan que nunca quisieron convertirse en objeto de estigmatización pública y consideran que la manera como la Fiscalía ha manejado el expediente las está exponiendo a escenarios de acoso judicial y mediático.

Explican que su prioridad actual consiste en proteger su salud mental y emocional para poder superar los hechos que denuncian.

En ese contexto recuerdan una actuación administrativa adelantada por el Ministerio del Trabajo en las instalaciones de Caracol Televisión.

Según el comunicado, durante esa inspección la autoridad laboral solicitó copia de las denuncias internas, documentos que posteriormente habrían sido obtenidos por la Fiscalía mediante orden judicial.

Las periodistas destacan que inicialmente el área de Gestión Humana del canal insistió en mantener la reserva sobre la identidad de las denunciantes.

En otro apartado invocan expresamente el artículo 11 de la Ley 906 de 2004, norma que regula los derechos de las víctimas dentro del sistema penal acusatorio colombiano.

Ese artículo reconoce, entre otros aspectos, el derecho de las víctimas a recibir un trato digno, humano y respetuoso, así como a que se protejan su intimidad, seguridad y privacidad durante el desarrollo de las actuaciones judiciales.

Las firmantes sostienen que precisamente esas garantías son las que consideran comprometidas por la insistencia para vincularlas formalmente al expediente.

También recuerdan que el ejercicio de la libertad y autonomía de las víctimas no debe ser cuestionado ni por el sistema judicial ni por la sociedad.

El comunicado incorpora además una reflexión sobre las consecuencias personales derivadas de la exposición pública.

Las periodistas afirman que antes de ser comunicadoras son seres humanos con familias, trayectorias profesionales, proyectos de vida e historias personales que desean preservar.

Por esa razón insisten en que su decisión responde exclusivamente a una valoración personal sobre la manera como desean afrontar un episodio que califican como profundamente difícil.

Uno de los apartados más enfáticos del documento busca despejar cualquier interpretación según la cual la negativa a intervenir como víctimas procesales equivalga a impedir el avance del proceso penal.

Las firmantes aseguran que nunca han solicitado el archivo de la investigación.
Tampoco, afirman, han pedido que cesen las actuaciones de la Fiscalía.

Su única petición consiste en que no se les obligue a asumir un rol procesal que no desean ejercer.

Con ello buscan diferenciar dos aspectos jurídicos distintos. Por un lado, la facultad constitucional y legal de la Fiscalía para investigar delitos que se persiguen de oficio.

Por otro, la decisión autónoma de una persona para constituirse o no como víctima dentro de un proceso penal, designar abogado e intervenir activamente en las distintas etapas del procedimiento.

El comunicado concluye con un llamado dirigido a la Rama Judicial, a los medios de comunicación y a la sociedad para que respeten su identidad, dignidad y voluntad.

Las periodistas reiteran que no renunciaron a la verdad, que no desconocen los hechos denunciados y que simplemente decidieron no participar activamente dentro del proceso penal.

El documento fue fechado en Bogotá el 5 de agosto de 2026 y fue divulgado a través de la firma jurídica BES Lawyer's Office, que aparece identificada en el encabezado del comunicado.

Hasta el momento de la emisión del pronunciamiento, la Fiscalía General de la Nación mantiene abierta la investigación penal contra Jorge Alfredo Vargas por el delito de acoso sexual.

El ente investigador no se pronunció dentro del comunicado sobre las afirmaciones relacionadas con las gestiones realizadas para vincular formalmente a las presuntas víctimas al proceso, ni sobre los señalamientos de revictimización expuestos por las periodistas.

Desde el punto de vista jurídico, el caso plantea un debate sobre el equilibrio entre la obligación constitucional de la Fiscalía de investigar delitos perseguibles de oficio y el derecho de las personas afectadas a decidir el grado de participación que desean tener dentro del proceso penal, especialmente cuando invocan razones relacionadas con su intimidad, autonomía y salud mental.

Ese equilibrio ha sido objeto de desarrollo tanto en la jurisprudencia de la Corte Constitucional como en estándares internacionales sobre protección integral de las víctimas de violencia basada en género, que exigen evitar actuaciones institucionales que puedan traducirse en nuevas formas de victimización durante el desarrollo de las investigaciones.

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