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Manta, uno de los municipios peor administrados de Cundinamarca, según informe oficial
Alcalde Luis Felipe Vásquez es investigado por la Fiscalía y Procuraduría. Detalles.
Mientras municipios pequeños de Cundinamarca logran consolidar modelos de administración pública eficientes y con altos estándares de gestión, otros continúan rezagados en indicadores que reflejan la capacidad institucional para planear, ejecutar, controlar y ofrecer resultados a los ciudadanos.
Uno de los casos que más llama la atención es el de Manta, administración encabezada por el alcalde Luis Felipe Vásquez, que aparece entre los 21 municipios con peor desempeño institucional del departamento en la medición Furag 2025 del Departamento Administrativo de la Función Pública.
Un caso que contrasta con el carácter trabajador, alegre y pacífico de sus habitantes, su reconocido paisaje en pleno Valle de Tenza, sus festividades y el trabajo de la Policia local en el municipio fundado en 1593.
La situación resulta especialmente visible para quienes recorren el casco urbano del municipio. Las principales vías presentan deterioro generalizado, con tramos afectados por huecos, pérdida de la carpeta asfáltica y problemas de movilidad que desde hace varios meses son motivo de inconformidad entre habitantes y comerciantes. Un pueblo, congelado en el tiempo.
A ello se suma la percepción de un lento avance en proyectos de infraestructura y renovación urbana, escenario que contrasta con los resultados obtenidos por otros municipios de similares características territoriales.
También se cuestiona la negativa del alcalde Vásquez a hacer públicos los millonarios contratos que ha firmado en sus dos años y medio de mandato, enviando al Secop a quienes buscan información sobre los manejos y dudosa gestión.
Investigación en Fiscalía y Procuraduría
Adicionalmente, el mandatario local es investigado por la Fiscalía y la Procuraduría por el presunto manejo irregular de un bien de la Nación, administrado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF y ubicado en la vereda Manta Grande Arriba.
La controversia se originó luego de que la Alcaldía de Manta interviniera un predio para ampliar un antiguo camino de herradura y convertirlo en una vía destinada al tránsito de vehículos, incluidos automotores de carga, sin que existiera autorización del propietario del inmueble, es decir, del ICBF.
De acuerdo con la respuesta oficial de la entidad a un derecho de petición, la administración municipal nunca solicitó permiso para ejecutar las obras, ni obtuvo servidumbre, comodato o cualquier otra autorización que habilitara la ocupación del terreno.
El Instituto sostiene que la intervención fue realizada con maquinaria oficial del municipio, lo que derivó en la ocupación permanente de una franja del predio institucional y en la afectación de un bien público adjudicado a la entidad.
A raíz de esos hechos, el ICBF activó una serie de actuaciones para proteger el inmueble. La primera consistió en un memorando interno del 15 de agosto de 2024 mediante el cual ordenó el inicio de acciones legales frente a la ocupación denunciada.
Posteriormente trasladó denuncias formales a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) por las afectaciones ambientales derivadas de la apertura de la vía y a la Procuraduría General de la Nación para que investigara la actuación de los servidores públicos involucrados.
Paralelamente, promovió el medio de control de reparación directa contra el municipio de Manta ante el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Zipaquirá, proceso con el radicado 25899-33-33-002-2025-00217-00.
En esa demanda, el ICBF sostiene que el municipio incurrió en una ocupación permanente e irregular del inmueble al ejecutar las obras sin adelantar procedimientos de negociación, adquisición o expropiación previstos por la ley, configurando lo que denomina una expropiación de hecho.
Por esa razón solicitó que la justicia declare la responsabilidad administrativa y patrimonial del municipio, ordene la restitución inmediata de la franja invadida —equivalente a 195,3 metros cuadrados— y condene a la administración municipal al pago de los perjuicios ocasionados, incluyendo el lucro cesante derivado del uso y explotación ilegal del predio desde el 24 de abril de 2024.
De manera subsidiaria, pidió que, si la restitución resulta imposible, el municipio pague el valor comercial del terreno, además de los demás perjuicios que sean determinados dentro del proceso judicial.
La respuesta oficial también revela que la actuación de la Alcaldía produjo consecuencias en el ámbito ambiental.
Líos con la CAR
De igual forma la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, abrió un procedimiento administrativo sancionatorio tanto contra el ICBF como contra el municipio de Manta por la remoción de cobertura vegetal en el predio Buenavista, escenario en el que el Instituto afirmó que solo fue notificado del inicio del trámite en septiembre de 2025 y anunció que ejercerá su derecho de defensa dentro del proceso.
Como parte de las actuaciones técnicas, el ICBF practicó una visita al inmueble el 19 de julio de 2024. El informe confirmó la existencia física de la intervención.
La entidad también reiteró que jamás autorizó la apertura de la carretera ni recibió solicitudes formales de la Alcaldía para intervenir el inmueble.
Incluso confirmó que el municipio sí solicitó posteriormente recibir el predio en comodato mediante comunicación del 30 de abril de 2024, petición que fue negada el 29 de mayo del mismo año por carecer de la justificación técnica y jurídica requerida.
En consecuencia, el ICBF aseguró que el terreno nunca fue entregado bajo esa figura ni mediante ningún otro mecanismo que legitimara la ocupación.
Manta de los peores municipios
Los resultados del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión (FURAG), herramienta mediante la cual el Gobierno Nacional mide el desempeño institucional de las entidades públicas, ubican a Manta en el puesto 95 entre las 116 alcaldías de Cundinamarca, con un puntaje de 66,9 sobre 100.
La medición evalúa aspectos como planeación institucional, control interno, transparencia, gestión documental, gobierno digital, talento humano, atención al ciudadano, seguimiento de resultados y capacidad administrativa.
Función Pública aclara que el objetivo principal del índice es servir como instrumento para identificar fortalezas y oportunidades de mejora institucional.
El contraste con Tibirita, su municipio vecino, resulta inevitable. Aunque cuenta con una población inferior y dispone de menores recursos económicos, este municipio alcanzó 84,6 puntos, ubicándose entre los mejores del departamento y en el grupo superior de administraciones municipales.
La diferencia entre ambos territorios alcanza 17,7 puntos, una brecha considerable tratándose de municipios rurales con características demográficas semejantes.
Los resultados muestran que el tamaño del municipio no determina necesariamente la calidad de la gestión pública.
Mientras Tibirita logró consolidar procesos administrativos que cumplen con los estándares nacionales, Manta permanece en la parte baja de la clasificación departamental.
Otros municipios
Dentro de los municipios con menores resultados aparecen, en orden descendente desde Manta, Caparrapí (66,3), Suesca (65,4), Chipaque (64,7), Supatá (63,8), Pasca (63,3), Sutatausa (62,8), Puerto Salgar (62,2), Fosca (61,2), Ricaurte (61,1), Jerusalén (60,9), Machetá (60,2), Arbeláez (59,6), La Palma (59,5), San Antonio del Tequendama (59,0), Gachancipá (56,6), Tena (54,9), Villagómez (51,5), Paratebueno (50,8), Viotá (48,8), Pandi (47,9) y Paime (41,2), este último con el puntaje más bajo entre todas las alcaldías cundinamarquesas.
En el extremo opuesto del listado aparecen administraciones que han logrado consolidar procesos de gestión pública con altos estándares de desempeño. Funza ocupa el primer lugar con 98,9 puntos, seguida por Villa de San Diego de Ubaté (97,4), Mosquera (96,0), La Vega (95,7), Gutiérrez (94,4), Cucunubá (93,0), San Juan de Rioseco (92,9), Lenguazaque (92,2), Yacopí (92,1) y Sibaté (91,0).
El caso de Villa de San Diego de Ubaté también resulta significativo. Con una población y una realidad territorial comparables a las de varios municipios del norte y oriente de Cundinamarca, logró ubicarse como la segunda mejor administración del departamento gracias a una gestión institucional que supera ampliamente el promedio nacional.
La medición del Furag no evalúa únicamente la ejecución presupuestal o la realización de obras públicas. El índice incorpora variables relacionadas con la calidad del gobierno, la capacidad administrativa, la planeación estratégica, la transparencia, la gestión del talento humano, el control interno, el manejo documental, la participación ciudadana y la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
Se trata de una operación estadística certificada por el DANE cuyos resultados son publicados anualmente por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
El propio Departamento Administrativo de la Función Pública señala que estos resultados deben servir a las entidades para identificar oportunidades de mejora y fortalecer sus capacidades institucionales mediante planes de mejoramiento, más que como una competencia entre administraciones.
Paradójicamente, mientras varias alcaldías rurales de menor tamaño han conseguido fortalecer sus procesos internos y mejorar su capacidad administrativa, Manta continúa ubicada entre el grupo de municipios con desempeño institucional bajo, situación que coincide con las críticas de habitantes frente al deterioro de la infraestructura urbana y la percepción de escasos avances en materia de desarrollo municipal durante la administración del alcalde Luis Felipe Vásquez.
El resultado adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que el departamento de Cundinamarca fue reconocido como la entidad territorial con mejor desempeño institucional del país, alcanzando una calificación de 99 sobre 100 en la medición nacional de la vigencia 2025, muy por encima del promedio nacional.
En ese contexto, la posición ocupada por Manta evidencia una brecha significativa frente al desempeño general del departamento y plantea interrogantes sobre la efectividad de la gestión administrativa local para cumplir los estándares que hoy alcanzan otros municipios cundinamarqueses de igual o incluso menor capacidad presupuestal.
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