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Petro firma nuevo decreto y ratifica aumento del salario mínimo en 23,7% pese a suspensión judicial
Desde la Plaza de Bolívar, el presidente defendió el llamado “salario mínimo vital” y aseguró que el nuevo documento cumple con los estudios técnicos exigidos por el Consejo de Estado.
El presidente Gustavo Petro firmó este 19 de febrero un nuevo decreto que mantiene el incremento del 23,7% del salario mínimo legal para 2026, en medio de una masiva manifestación en la Plaza de Bolívar y pese a la suspensión provisional ordenada por el Consejo de Estado.
Durante su intervención ante miles de manifestantes, el mandatario dejó en firme la decisión y aseguró que el nuevo documento incorpora los estudios técnicos exigidos por la alta corte. “No nos echamos para atrás”, afirmó, al señalar que se incluyeron análisis de productividad laboral y de la canasta mínima vital para sustentar el aumento.
“Metimos los estudios de productividad laboral, metimos los estudios de canasta mínima vital. Todos los que pidió”, sostuvo el jefe de Estado, quien insistió en que el decreto acata tanto la orden judicial como la Constitución.
El salario mínimo, que quedó fijado en dos millones de pesos mensuales incluyendo el auxilio de transporte, fue denominado por el Gobierno como “salario mínimo vital” y representa el incremento más alto en lo corrido del siglo en Colombia.
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El pasado 13 de febrero, el Consejo de Estado había ordenado suspender provisionalmente el decreto expedido en diciembre de 2025, al considerar que debía justificarse integralmente bajo los criterios legales y constitucionales vigentes. La decisión obligó al Ejecutivo a expedir un nuevo acto administrativo con soporte técnico reforzado.
Durante su discurso, Petro también lanzó críticas contra sectores de la rama judicial y defendió el carácter histórico de la medida. Además, reconoció que podrían presentarse nuevas acciones para frenar el decreto, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a movilizarse en defensa del aumento.
Las marchas de este 19 de febrero fueron convocadas por sectores afines al Gobierno y contaron con amplia presencia de jóvenes y organizaciones sociales que respaldan el ajuste salarial. Sin embargo, el incremento ha sido cuestionado por gremios empresariales y analistas económicos, quienes advierten posibles efectos sobre la inflación y el empleo.
El debate sobre el salario mínimo para 2026 continúa así en el plano jurídico y económico, mientras el Gobierno insiste en que la medida busca fortalecer el poder adquisitivo de los hogares y dinamizar la economía nacional.
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