Capturan a seis colombianos en Paraguay por secuestro relacionado con préstamos “gota a gota”

La investigación se inició por una denuncia presentada en Medellín ante el Gaula. La víctima y su pareja paraguaya permanecieron retenidas durante cerca de 72 horas, mientras los captores exigían a sus familiares en Colombia 25 millones de pesos. La Policía paraguaya investiga una estructura dedicada a préstamos informales, cobros diarios, extorsiones y secuestros.

Una denuncia presentada a más de 4.000 kilómetros del lugar donde permanecía retenido un ciudadano colombiano permitió a las autoridades de Paraguay seguir el rastro de sus presuntos captores, ubicar el inmueble donde había estado privado de la libertad y desplegar una operación que terminó con seis colombianos detenidos.

El caso puso bajo investigación una estructura dedicada al sistema de préstamos conocido como «gota a gota», cuyos integrantes, según la Policía paraguaya, no se habrían limitado al cobro informal de dinero, sino que recurrían a amenazas, extorsiones, secuestros y actos de violencia para recuperar recursos o resolver disputas surgidas dentro de la propia organización.

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La denominada Operación Gota a Gota fue ejecutada durante la madrugada de este viernes 7 de agosto por la Policía Nacional de Paraguay y el Ministerio Público, mediante procedimientos realizados en Asunción y Luque, dos ciudades ubicadas en el área metropolitana de la capital paraguaya. El balance divulgado posteriormente por las autoridades dio cuenta de cinco hombres y una mujer detenidos, todos de nacionalidad colombiana.

La actuación policial estuvo precedida por aproximadamente tres días de investigación. El caso se remonta al 4 de agosto, cuando el hermano de uno de los afectados acudió en Medellín ante el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) para informar que su familiar, residente en Paraguay, había sido secuestrado.

La información fue transmitida a las autoridades paraguayas, que comenzaron a establecer el lugar donde podía encontrarse la víctima y a identificar a las personas que estarían detrás de la retención.

El comisario Nimio Cardozo, jefe de Antisecuestro de la Policía Nacional de Paraguay, explicó que la alerta procedente de Colombia permitió activar los protocolos de investigación.

La familia había comenzado a recibir comunicaciones de quienes tenían retenido al hombre, entre ellas mensajes escritos, audios y videos mediante los cuales exigían dinero a cambio de dejarlo en libertad.

Los presuntos secuestradores reclamaban 25 millones de pesos colombianos, una cantidad calculada por las autoridades paraguayas entre 47 y 50 millones de guaraníes. Los registros audiovisuales enviados a los familiares también se convirtieron en material para establecer las condiciones en las que permanecía el colombiano.

Las autoridades paraguayas determinaron que el hombre no estaba solo. Su pareja, una ciudadana paraguaya, también fue retenida. Ambos permanecieron privados de la libertad durante cerca de 72 horas, de acuerdo con los informes conocidos después de la operación.

Uno de los elementos que modificó inicialmente la interpretación del caso fue la relación que la víctima mantenía con quienes terminaron reteniéndola. La información entregada por la Policía paraguaya indica que el colombiano había tenido vínculos previos con el sistema de préstamos investigado.

De acuerdo con la versión suministrada por Cardozo y recogida por medios paraguayos, el hombre inicialmente habría sido cliente de los prestamistas y posteriormente comenzó a desempeñar funciones dentro de la estructura.

De acuerdo con la versión suministrada por Cardozo y recogida por medios paraguayos, el hombre inicialmente habría sido cliente de los prestamistas y posteriormente comenzó a desempeñar funciones dentro de la estructura.

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La hipótesis de los investigadores señala que sus superiores lo acusaron de quedarse con parte del dinero procedente de las cobranzas, circunstancia que habría desencadenado el secuestro de él y de su pareja. Esta explicación permanece en el terreno de la investigación y deberá ser contrastada dentro del proceso penal.

La información permite, por tanto, diferenciar el caso de un secuestro cometido únicamente contra un deudor que no pudiera cumplir una obligación.

La línea investigativa conocida hasta ahora apunta también hacia un posible conflicto interno por recursos recaudados mediante los préstamos y sus cobros diarios.

Durante el cautiverio, el ciudadano colombiano fue sometido a agresiones. Cuando los investigadores lograron establecer las condiciones en las que había permanecido, encontraron evidencias de lesiones y actos de tortura.

Los reportes policiales mencionan heridas y cortes en las orejas, además de otras lesiones. Parte de esas agresiones habría quedado registrada en los videos remitidos a Colombia para presionar a la familia y conseguir el pago exigido.

ABC Color informó, citando a las autoridades, que antes de que terminara el cautiverio se realizó un primer pago de 500.000 pesos colombianos, equivalente aproximadamente a un millón de guaraníes.

La pareja fue puesta en libertad durante la noche previa a los allanamientos, mientras los investigadores continuaban las diligencias destinadas a localizar a los presuntos integrantes de la organización.

La investigación condujo hasta el barrio Tablada Nueva, en Asunción, y posteriormente hasta una vivienda del Tercer Barrio de Luque. Los procedimientos fueron realizados de manera coordinada por la Policía Nacional y el Ministerio Público paraguayos.

La operación dejó inicialmente cinco hombres bajo custodia y posteriormente una mujer detenida durante el procedimiento en Luque, para un total de seis personas.

Las autoridades señalaron que todos son ciudadanos colombianos.
Entre los detenidos identificados por las autoridades figuran Óscar Pallares, de 19 años; Jaider Delabos Bustamante, de 39; Luis Miguel Triana Díez, de 27; Jaider Delahos Pallares, de 18, y Yeiner —también reportado por algunos medios como Jheiner— David Rojas Pallares.

La identidad y el grado de participación de la mujer capturada eran objeto de verificación durante las primeras horas posteriores a los procedimientos.
Los investigadores también encontraron elementos que serán incorporados a la investigación.

Entre ellos aparecen prendas de vestir que tendrían relación con los hechos, un arma de fuego, cartuchos y accesorios, documentos, teléfonos celulares, una tableta, dinero en efectivo y un vehículo.

El material deberá ser sometido a análisis para determinar su posible relación con el secuestro y con las operaciones financieras atribuidas al grupo.

La investigación está bajo la dirección del fiscal Lorenzo Lezcano, del Ministerio Público de Paraguay, quien participó en las diligencias desarrolladas después de que la información suministrada desde Colombia permitiera ubicar el entorno en el que se había producido el secuestro.

Uno de los detenidos, según la información suministrada por la Policía paraguaya, tendría antecedentes relacionados con la utilización de una modalidad semejante en Arequipa, Perú. Los investigadores están verificando ese dato como parte del análisis sobre el alcance de la estructura y sus eventuales conexiones fuera de Paraguay.

Las autoridades también buscan establecer desde cuándo funcionaba el grupo en territorio paraguayo. Cardozo informó que el colombiano secuestrado llevaba alrededor de dos años residiendo en Paraguay, mientras que los tiempos de permanencia en el país de los presuntos victimarios oscilaban entre algunos meses y aproximadamente un año.

La actividad investigada corresponde al esquema conocido en Colombia y otros países de América Latina como «gota a gota» o «pagadiario». El mecanismo consiste, en términos generales, en la entrega de dinero por fuera del sistema financiero institucional, con pocos o ningún requisito previo y con pagos que suelen cobrarse diariamente o en períodos cortos.

La facilidad para obtener los recursos constituye uno de los principales mecanismos de entrada al sistema: el prestatario puede recibir el dinero sin los procedimientos de evaluación de riesgo, documentación y garantías exigidos habitualmente por una institución financiera.

Esa rapidez, sin embargo, puede estar acompañada por costos financieros elevados y métodos de cobranza que se encuentran fuera de los mecanismos de protección aplicables a las entidades vigiladas.

Banca de las Oportunidades, programa del Gobierno colombiano, ha señalado que factores como la informalidad laboral, la falta de garantías, las dificultades para acreditar hábitos de pago y las barreras para acceder al crédito institucional contribuyen a que una parte de la población acuda a prestamistas informales.

Una medición de demanda de inclusión financiera encontró que el 4 % de los adultos consultados había buscado financiación mediante agiotistas y que el 82 % de esos créditos se destinaba al consumo.
La utilización del crédito informal también tiene presencia entre pequeños negocios. Un estudio de Banca de las Oportunidades elaborado con información de la Encuesta de Micronegocios encontró que cerca del 40 % de los micronegocios consultados en 2021 había empleado alguna fuente informal de financiación, categoría en la que se incluyeron los préstamos «gota a gota» y los recursos provenientes de familiares o amigos.

Otra medición de la misma entidad estableció que, entre los micronegocios que solicitaron crédito, el 14,2 % había recurrido específicamente a prestamistas «gota a gota».

El documento advierte, además, que las cifras relacionadas con este tipo de financiación pueden estar subestimadas debido a que algunas personas evitan revelar que utilizan mecanismos informales.

El problema no radica únicamente en que los préstamos se concedan por fuera de una entidad financiera. Las autoridades han documentado situaciones en las que la deuda termina acompañada de mecanismos de presión sobre el deudor, su negocio, sus bienes o su familia.

Banca de las Oportunidades advierte que los prestamistas informales de este tipo no están sometidos a la vigilancia aplicable a las instituciones financieras y que recurrir a ellos puede representar riesgos para el patrimonio, los negocios e incluso la integridad de las personas y sus familias.

En el caso descubierto en Paraguay, la Policía sostiene que el sistema había superado la actividad de préstamo y cobranza.

El comisario Juan Pereira, director del Departamento de Antisecuestro, indicó que la organización investigada entregaba dinero sin mayores requisitos y posteriormente realizaba cobros diarios.

Según la explicación policial, cuando surgían incumplimientos podían presentarse amenazas, apropiación de bienes, extorsiones y, en determinados casos, privaciones de la libertad.

Los investigadores paraguayos consideran que la operación puede revelar la implantación en ese país de una modalidad delictiva que ya ha sido identificada en otros territorios de América Latina.

Por esa razón, además de establecer responsabilidades por el secuestro ocurrido esta semana, las autoridades intentan determinar cuántas personas recibieron préstamos de la organización, cuánto dinero circulaba mediante el esquema, quién financiaba las operaciones y si existían otros encargados de entregar recursos o realizar las cobranzas.