Cundinamarca Más Profesional: la obra del gobernador Jorge Rey para 11.000 jóvenes con educación universitaria

En Cundinamarca, la distancia entre terminar el bachillerato y entrar a una universidad no siempre se mide en kilómetros. Para miles de jóvenes se mide en el valor de una matrícula, en el costo diario del transporte desde una vereda, en un alojamiento lejos de casa, en la alimentación durante una jornada académica o, simplemente, en la imposibilidad de conseguir un fiador que respalde un crédito.

Es precisamente sobre esas barreras donde la Gobernación de Cundinamarca ha concentrado una de sus principales apuestas educativas: Cundinamarca Más Profesional, un fondo que acaba de incorporar 1.500 nuevos apoyos y que ya acumula 8.600 beneficios en los 116 municipios del departamento.

La nueva entrega fue anunciada por el gobernador Jorge Emilio Rey y corresponde a la segunda convocatoria de 2026. La administración departamental destinó $3.383.774.758 para esta etapa: 812 beneficios están orientados al acceso a la educación superior y otros 648 a la permanencia de estudiantes que necesitan recursos para continuar sus carreras.

La cobertura se extiende por las 15 provincias de Cundinamarca, una dimensión territorial que resulta particularmente relevante en un departamento donde buena parte de los potenciales universitarios procede de municipios pequeños y zonas rurales.

El programa funciona alrededor de una frase que la Gobernación ha convertido en su principal característica: “El que se gradúa no paga”. No se trata de un crédito educativo convencional en el que una familia deba presentar un fiador o respaldar la obligación con garantías.

El esquema está estructurado para que los recursos entregados puedan ser condonados cuando el estudiante cumpla las condiciones establecidas, entre ellas la culminación de su proceso académico.

La estrategia contempla tanto financiación para matrícula como apoyos destinados a gastos que, aunque ocurren fuera del salón de clase, muchas veces determinan si un estudiante puede continuar o termina abandonando sus estudios.

Ese diseño permite entender por qué la permanencia ocupa un lugar tan importante como el acceso. Entrar a una institución de educación superior resuelve apenas una parte del problema. Para un joven que vive en una zona rural dispersa, estudiar puede significar desplazarse diariamente hasta otro municipio o instalarse temporalmente cerca de su universidad.

Transporte, alimentación, conectividad y alojamiento aparecen entonces como gastos capaces de poner en riesgo la continuidad académica. El Fondo contempla precisamente esos componentes y ha trabajado con instituciones de educación superior para ampliar las posibilidades disponibles para los beneficiarios.

La historia reciente del programa comenzó a tomar su actual forma en febrero de 2025, cuando la administración de Jorge Rey presentó el Fondo Cundinamarca Más Profesional.

Su creación estableció como propósito promover el acceso y la permanencia de los cundinamarqueses en educación superior y formación posmedia, con criterios que incluyen vulnerabilidad socioeconómica, excelencia académica, trayectoria y pertinencia de los programas frente a las necesidades y vocaciones productivas del territorio.

Desde su concepción también se estableció que el Fondo pudiera recibir recursos departamentales y complementarlos mediante convenios, cooperación, donaciones y aportes de otros actores públicos y privados.

La demanda apareció rápidamente. En julio de 2025, la Gobernación informó que una convocatoria había recibido 5.312 postulaciones, frente a un promedio histórico reportado de unas 1.600 solicitudes en los mecanismos anteriores.

Ante ese crecimiento, la administración anunció entonces una adición de $2.000 millones que llevó a $12.000 millones los recursos previstos para esa vigencia. El número de aspirantes revelaba algo que las cifras educativas suelen esconder: había miles de jóvenes buscando una oportunidad para continuar estudiando y una limitación económica que podía determinar si lo conseguían.

Para septiembre de 2025, más de 2.000 estudiantes participaron en la apertura oficial del Fondo. En aquel momento la estrategia tenía respaldo de 59 universidades públicas y privadas y contemplaba apoyos para matrícula, transporte, alimentación, conectividad y alojamiento.

Era el comienzo de un modelo que buscaba que la ayuda no terminara el día en que un estudiante consiguiera el cupo universitario, sino que pudiera acompañarlo durante el recorrido necesario para graduarse.

El programa continuó creciendo durante 2026. En marzo, más de 1.200 nuevos beneficiarios fueron recibidos en la cohorte 2026-1. Para esa convocatoria se proyectaron más de $26.660 millones para financiar la cohorte completa, mientras que los recursos inmediatos contemplaban cerca de $3.000 millones para acceso y otros $1.150 millones para permanencia. En ese momento, la administración reportaba cerca de 4.700 beneficios educativos acumulados.

Seis meses después, el balance llega a 8.600 beneficios. El salto permite dimensionar la velocidad con la que se ha extendido el Fondo, pero también plantea el siguiente desafío: acompañar a esos estudiantes hasta la graduación.

La lógica del programa no se limita a contar cupos adjudicados. Su promesa depende de que quienes ingresan puedan permanecer en el sistema y terminar sus estudios.

Rey ha insistido, además, en el componente territorial. Muchos beneficiarios proceden de la ruralidad dispersa, donde las posibilidades de cursar educación superior están condicionadas no solo por los ingresos familiares, sino por las distancias y la oferta académica disponible.

El propósito declarado es que el lugar de nacimiento o residencia no termine convirtiéndose en una barrera para estudiar una carrera.

La estrategia también intenta relacionar la formación académica con las necesidades económicas de las regiones. Desde la creación del Fondo se planteó incentivar programas vinculados con las vocaciones productivas del departamento, de manera que la educación superior pueda contribuir al arraigo territorial y facilitar posteriormente la incorporación de los graduados al mercado laboral o al emprendimiento.

Ese componente adquiere una dimensión particular en un territorio integrado por 116 municipios. La posibilidad de estudiar puede significar para un joven permanecer vinculado a su municipio, regresar después de graduarse o desarrollar allí una actividad profesional que antes exigía migrar definitivamente hacia Bogotá u otras ciudades.

El efecto esperado, por tanto, no se limita al estudiante: la administración departamental plantea el programa como una herramienta de movilidad social y desarrollo regional.

En agosto pasado, durante una feria universitaria realizada en Soacha con la participación de más de 6.000 jóvenes y más de 35 instituciones de educación superior, Rey volvió a explicar el modelo.

Allí sostuvo que los beneficiarios no deben acudir a las garantías tradicionales de los créditos educativos y reiteró que la culminación de la carrera es la condición central para obtener la condonación del acompañamiento económico.

Ahora la Gobernación fija un nuevo horizonte. El mandatario anunció que pretende realizar tres convocatorias adicionales antes de terminar su administración y alcanzar los 11.000 jóvenes beneficiados.

De cumplirse esa meta, todavía deberán incorporarse alrededor de 2.400 beneficiarios frente a los 8.600 reportados actualmente.

Rey señaló además que la Secretaría de Educación departamental ha comprometido más de $90.000 millones en la estrategia y vinculó la expansión de estos apoyos con la evolución del tránsito inmediato entre la educación media y la superior.

Según las cifras divulgadas por el gobernador, ese indicador aumentó 3,5 puntos porcentuales en Cundinamarca y se encuentra por encima del promedio nacional.

El dato mide una de las transiciones más sensibles del sistema educativo: cuántos jóvenes continúan sus estudios superiores inmediatamente después de terminar el colegio.

La nueva entrega de 1.500 apoyos representa, por eso, algo más que otra convocatoria. Detrás de los 812 beneficios para acceso y los 648 destinados a permanencia aparecen estudiantes que apenas comienzan su carrera y otros que necesitan recursos para no interrumpirla. Para algunos, el obstáculo puede ser una matrícula; para otros, el transporte desde una vereda, la conexión a internet o los gastos de vivir lejos de su familia.

Cundinamarca Más Profesional intenta intervenir precisamente en ese punto. Su resultado final no podrá medirse únicamente por el número de beneficiarios inscritos, sino por cuántos consiguen atravesar todo el camino hasta recibir un título.

Allí adquiere sentido la fórmula con la que el departamento ha presentado el programa desde 2025: convertir la graduación, y no la capacidad económica de una familia para conseguir garantías, en el principal compromiso asumido por el estudiante.

La meta de 11.000 beneficiarios deja todavía tres convocatorias por delante. Mientras llegan, 8.600 apoyos ya han sido asignados en las 15 provincias y los 116 municipios de Cundinamarca.

Son cifras de una política educativa, pero también representan miles de decisiones individuales: terminar el colegio y continuar estudiando cuando las condiciones económicas hacían que la universidad pareciera distante.

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