Polémico apartamento de Ricardo Roa en Bogotá está en arriendo por $40 millones mensuales

El apartamento 901 del edificio Entre Parques, ubicado en el sector de El Chicó, en el norte de Bogotá, y que se convirtió en una de las piezas centrales de los procesos judiciales que rodean al expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa Barragán, fue puesto en arriendo por un canon mensual de $40 millones.

El inmueble, situado en inmediaciones de la calle 92 con carrera 8.ª, volvió así al centro de la atención pública. La propiedad no solo se distingue por sus dimensiones y características, sino porque su adquisición originó interrogantes sobre el precio de compra, la procedencia y trazabilidad de los pagos, la intervención de terceros en la operación y las relaciones comerciales que posteriormente tuvieron algunos de los involucrados con empresas del Grupo Ecopetrol.

Lea también (CNN, MS NOW y Politico demandan a Donald Trump por veto de acceso a la Casa Blanca)

La oferta inmobiliaria conocida este domingo 21 de septiembre presenta el inmueble como un penthouse dúplex. De acuerdo con la información comercial, tiene aproximadamente 400 metros cuadrados de área interior y otros 190 metros cuadrados de terraza privada. Dispone de tres habitaciones, con posibilidad de adecuar una cuarta, baños privados, family room, chimeneas, cocina italiana, jacuzzi, pérgolas y comedor al aire libre. La vivienda estaría disponible para ser ocupada dentro de aproximadamente un mes.

El canon fue establecido en $40 millones mensuales. Una de las versiones conocidas señala que dentro de ese monto estarían incluidos cerca de $7 millones correspondientes a la administración del edificio. La publicación del inmueble ha llamado la atención porque se trata de la misma propiedad cuya compraventa terminó incorporada a un expediente penal por presunto tráfico de influencias contra Roa.

La historia del apartamento comenzó públicamente mucho antes de que fuera ofrecido en alquiler. Roa adquirió el inmueble en diciembre de 2022, meses antes de asumir la presidencia de Ecopetrol en abril de 2023. La propiedad estaba vinculada a Princeton International Holdings, sociedad relacionada con el empresario del sector petrolero Serafino Iacono.

Uno de los puntos que posteriormente concentró la investigación fue el precio. Durante la imputación realizada en marzo de 2026, la Fiscalía sostuvo que el apartamento estaba valorado en aproximadamente $2.727 millones, mientras que la operación se habría cerrado por $1.800 millones. La diferencia era cercana a $927 millones. El ente acusador incorporó esa circunstancia a su hipótesis sobre las condiciones bajo las cuales se realizó la negociación. Roa ha controvertido los señalamientos y ha defendido la legalidad de la adquisición.

Las dudas aumentaron al reconstruirse la ruta de los $1.800 millones correspondientes al precio del inmueble. Investigaciones periodísticas establecieron que entre marzo de 2023 y febrero de 2024 se realizaron seis pagos relacionados con la propiedad. Parte de esos movimientos quedó vinculada a Innova Mercadeo y Logística, sociedad constituida por Juan Guillermo Mancera, coronel retirado de la Policía y empresario con actividades relacionadas con diferentes sectores.

Mancera se convirtió en una figura determinante dentro del expediente. La Fiscalía sostiene que actuó como intermediario y garante en la operación y posteriormente relacionó ese negocio inmobiliario con actuaciones adelantadas cuando Roa ya ejercía como presidente de Ecopetrol. Según la hipótesis presentada por el ente acusador, el entonces presidente de la petrolera habría utilizado su posición para favorecer intereses empresariales de Mancera relacionados con Hocol, filial del Grupo Ecopetrol.

El negocio que aparece en esa línea investigativa corresponde al proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena LNG, en La Guajira. La empresa Gaxi, representada por Mancera, presentó una propuesta relacionada con el proyecto y llegó a existir un memorando de entendimiento. La Fiscalía afirmó durante la imputación que Roa habría ejercido influencia sobre el entonces presidente de Hocol, Luis Enrique Rojas, en asuntos relacionados con los intereses de Mancera. El proyecto finalmente no continuó después de que Ecopetrol ordenara a Hocol detenerlo en abril de 2025.

Según la Fiscalía, habrían existido al menos dos momentos en los que se habría ejercido esa influencia: una reunión realizada el 20 de agosto de 2024 en un restaurante de Bogotá y otro encuentro privado efectuado entre septiembre y octubre de ese año en Ecopetrol. El ente investigador vinculó esas actuaciones con las condiciones que, según su teoría del caso, había recibido Roa durante la adquisición del apartamento.

Roa ha rechazado esa interpretación. Durante el proceso sostuvo que realizó la compra directamente con Princeton International Holdings y afirmó que los recursos utilizados eran propios y que existía trazabilidad bancaria de sus pagos. También manifestó que la última cuota fue girada a Innova Mercadeo y Logística por instrucción del representante de Princeton.

El asunto adquirió una dimensión adicional después de conocerse un informe pericial contable que revisó movimientos financieros, extractos y documentos relacionados con Roa, su pareja, Carlos Julián Caicedo Cano, y la sociedad Roca Bi S.A.S. Según lo divulgado sobre ese estudio, no se identificaron pagos directos de ellos a la sociedad propietaria del apartamento dentro de la documentación examinada. El análisis también identificó seis consignaciones asociadas con la operación por cerca de $1.800 millones.

La controversia no terminó con la compra. La remodelación del penthouse abrió otro capítulo. El responsable de las obras, Johny Giraldo, aseguró públicamente que la intervención habría costado más de $2.300 millones y afirmó que aún quedaban obligaciones pendientes. Esa cifra contrastó con la versión entregada por Roa, quien señaló que la remodelación, incluidos los muebles, no habría superado los $300 millones.

Giraldo también afirmó que había recibido aproximadamente $2.000 millones en efectivo a través del abogado Hernando Ballesteros y señaló que esos recursos estarían relacionados con el empresario William Vélez, antiguo empleador de Roa. Roa negó que Vélez hubiera financiado la remodelación. Las afirmaciones de Giraldo forman parte de las versiones conocidas públicamente sobre el caso y no equivalen, por sí mismas, a una determinación judicial.

La mención de Vélez generó nuevos cuestionamientos porque Ecopetrol desarrolló operaciones comerciales relacionadas con empresas en las que el empresario tenía intereses. Entre ellas estuvo la adquisición de las plantas Termomorichal I y II por unos US$42 millones. Roa sostuvo que se declaró impedido para participar en decisiones relacionadas con ese negocio debido a su relación previa con Vélez.

El expediente del apartamento avanzó durante 2026. El 11 de marzo, la Fiscalía imputó a Roa por el presunto delito de tráfico de influencias de servidor público. El exdirectivo no aceptó el cargo y su defensa cuestionó la construcción jurídica y factual presentada por el ente acusador. El juez avaló la imputación y señaló que las discusiones sobre la evidencia y la responsabilidad debían resolverse en etapas posteriores del proceso.

Otras noticias