Víctimas piden a la JEP expulsar a alias Yako y ordenar su captura por caso Miguel Uribe Turbay

La Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia (Fevcol) radicó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) una solicitud mediante la cual pide la apertura de un incidente de incumplimiento contra Kendry Téllez Álvarez, identificado como alias Yako o “Yacopí”, con el propósito de que sea excluido del sistema de justicia transicional y se ordene su captura preventiva.

La petición se sustenta en información reciente que lo vincula con el asesinato del exsenador Miguel Uribe Turbay y en hechos que, según la organización, evidencian una eventual reincidencia en actividades ilícitas posteriores a su sometimiento ante esa jurisdicción.

El documento fue presentado por el representante judicial de las víctimas, Sergio Alzate, quien expone que la actuación se realiza en ejercicio del derecho de acceso a la administración de justicia y con el objetivo de salvaguardar la integridad del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

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En el escrito se plantea que la permanencia de Téllez Álvarez dentro de la JEP depende del cumplimiento de compromisos relacionados con el esclarecimiento de la verdad, la reparación a las víctimas y la no repetición de conductas delictivas, condiciones que, a juicio de la federación, no se estarían cumpliendo.

Fevcol sostiene que existen elementos que indican una ruptura material con las obligaciones adquiridas en el marco del sistema transicional.

Entre estos, menciona la incomparecencia ante la jurisdicción, la dificultad para ejercer control judicial efectivo sobre su conducta, la presunta participación en nuevas actividades delictivas y la posible vinculación a estructuras armadas ilegales surgidas después de la firma del Acuerdo Final de Paz.

La organización considera que estos factores configuran un incumplimiento del régimen de condicionalidad que rige para los comparecientes.

Dentro de la solicitud también se destaca la relevancia de los hechos que relacionan a alias Yako con el homicidio del exsenador Uribe Turbay.

Según la federación, de confirmarse dicha participación, se configuraría una vulneración del principio de no repetición, uno de los pilares del modelo de justicia transicional.

En ese contexto, advierte que permitir su permanencia en la JEP podría afectar la credibilidad del sistema.

Como medida provisional, la federación solicitó la suspensión inmediata de los beneficios otorgados a Téllez Álvarez dentro de la jurisdicción especial, así como la emisión de una orden de captura preventiva mientras se resuelve el incidente de incumplimiento.

El objetivo de esta solicitud, según el documento, es garantizar los derechos de las víctimas y evitar eventuales riesgos derivados de su permanencia en libertad.

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Los señalamientos contra alias Yako han cobrado relevancia a partir de testimonios rendidos en el marco de procesos judiciales recientes.

Uno de los elementos citados corresponde a la declaración de Simeone Pérez Marroquín, conocido como alias El Viejo, quien participó en la planeación del ataque contra Uribe Turbay y fue condenado a 22 años de prisión.

Durante una audiencia de imputación realizada el 20 de marzo, Pérez Marroquín afirmó que la orden para ejecutar la acción habría sido impartida por integrantes de la estructura denominada Segunda Marquetalia, y que dicha instrucción le fue comunicada por Téllez Álvarez.

En su testimonio ante las autoridades, alias El Viejo indicó que mantuvo una relación con Yako desde hace aproximadamente dos décadas, cuando ambos estuvieron recluidos en la cárcel La Picota de Bogotá por procesos relacionados con homicidio. 

Según su relato, antes del atentado, Téllez Álvarez lo contactó para coordinar actividades que incluían el traslado de armas y la ejecución de acciones violentas.

En ese contexto, mencionó la necesidad de establecer contacto con una persona ubicada en la frontera, identificada como José Manuel Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever, señalado como integrante de la Segunda Marquetalia y fallecido en 2025.

El mismo testimonio da cuenta de que, previo al ataque que terminó con la vida del exsenador, se habría intentado ejecutar un primer plan en la ciudad de Bogotá.

Este intento no se concretó debido a la ausencia de la víctima en el lugar previsto, lo que llevó a replantear la operación. Posteriormente, el atentado se habría materializado en el parque El Golfito, ubicado en la localidad de Fontibón.

Las investigaciones también han abordado la posible ubicación de alias Yako tras la divulgación de estos hechos.

De acuerdo con información de la Fiscalía, Téllez Álvarez habría salido del país y se encontraría en territorio venezolano.

Allí, según las autoridades, estaría en contacto con Luciano Marín Arango, conocido como alias Iván Márquez, quien es identificado como líder de la Segunda Marquetalia.

Este escenario ha sido interpretado por las autoridades como un factor que podría facilitar la evasión de la acción judicial, al existir condiciones que dificultan la cooperación entre países en materia de persecución penal.

En ese sentido, no se descarta la posibilidad de que se adelanten gestiones para emitir órdenes de captura con alcance internacional contra personas vinculadas al caso.

Kendry Téllez Álvarez había adquirido notoriedad pública en 2022, cuando compareció ante la JEP en el marco de su proceso de sometimiento como exintegrante de las antiguas Farc.

Sin embargo, los elementos recopilados en las investigaciones posteriores apuntan a que habría retomado actividades armadas, presuntamente bajo la dirección de alias Zarco Aldinever, con operaciones que incluirían coordinación en zonas de frontera.

En el ámbito judicial ordinario, un juez de control de garantías ya avaló la expedición de una orden de captura contra Téllez Álvarez por su presunta participación en el asesinato del exsenador.

Esta decisión se suma a la solicitud presentada por Fevcol ante la JEP, que insiste en la necesidad de que se declare formalmente el incumplimiento del régimen de condicionalidad, se revoquen los beneficios concedidos en el sistema transicional y el caso sea remitido a la jurisdicción ordinaria.

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