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Tres implicados en escándalo de corrupción de la UNGRD negocian beneficios judiciales con la Fiscalía
La juez del caso ordenó una ruptura procesal para avanzar en las diligencias relacionadas con los contratistas que buscan preacuerdos y principios de oportunidad.
En medio de la audiencia de acusación contra César Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, y otros siete procesados por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se conoció que tres de los vinculados avanzan en negociaciones con la Fiscalía General de la Nación para obtener beneficios judiciales.
Se trata de Édgar Eduardo Riveros Rey, Ana María Riveros Barbosa y Sonia Rocío Romero Hernández, quienes se desempeñaban como contratistas y actualmente adelantan conversaciones con el ente acusador para concretar posibles preacuerdos y principios de oportunidad.
Ante este panorama, la juez del caso decidió realizar una ruptura procesal para que las futuras diligencias relacionadas exclusivamente con estos tres procesados se tramiten por separado. La audiencia de verificación de acuerdos fue programada para el próximo 24 de julio.
Dentro del mismo expediente judicial también son investigados el representante legal de la Corporación Mixta Yapurutú, Édgar Echeverri Toro; el jefe de ventas de esa entidad, Francisco Javier Estupiñán Bravo; el asesor de la Dirección de la Función Pública Jorge Aristizábal Rodríguez; y el contratista de la UNGRD Óscar Enrique Cárdenas Angulo.
Según la Fiscalía, las pruebas recopiladas indican que César Manrique Soacha habría intervenido para gestionar la entrega de $100.000 millones provenientes de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
De acuerdo con el ente investigador, a cambio de facilitar esa operación, el exdirector de Función Pública habría solicitado que los contratos derivados de esos recursos fueran adjudicados a oferentes previamente seleccionados.
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La investigación también apunta a un presunto direccionamiento de contratos relacionados con la compra de 40 carrotanques pequeños, el suministro de plantas desalinizadoras, la operación de pozos de agua potable y varias interventorías asociadas a esos proyectos.
Uno de los contratos bajo mayor escrutinio corresponde al firmado en octubre de 2023 para suministrar carrotanques destinados al transporte de agua potable para comunidades indígenas en La Guajira. El convenio fue suscrito por $29.000 millones con la Corporación Mixta Yapurutú.
La Fiscalía sostiene que en ese proceso contractual se habrían presentado presuntos sobrecostos cercanos a los $11.114 millones.
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