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Sicario que atentó contra Miguel Uribe entrará a programa de protección de testigos de Fiscalía, cambiará de nombre
Avances del caso en la Fiscalía.

La Fiscalía General de la Nación confirmó que el menor de edad vinculado al ataque armado contra el senador Miguel Uribe Turbay será objeto de una serie de medidas excepcionales de protección, tanto para él como para los miembros de su familia.
Así lo manifestó la fiscal general, Luz Adriana Camargo, al detallar que estas acciones estarán articuladas con el Programa de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos e Intervinientes en el Proceso Penal, así como con los esquemas operativos de seguridad de la Policía Nacional.
De acuerdo con la información suministrada por el ente acusador, el menor será trasladado a un espacio adaptado dentro del búnker de la Fiscalía en Bogotá, que funcionará como sitio de internamiento preventivo, luego de que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) solicitara que la entidad asumiera su custodia.
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Esta solicitud obedeció a consideraciones de seguridad, pues se estimó que los centros convencionales de atención para menores no ofrecen las condiciones necesarias para preservar la integridad del implicado, dada la gravedad de los hechos.
Según la fiscal Camargo, la decisión se adoptó tras evaluar los riesgos existentes y establecer que el menor no puede permanecer en contacto con adultos privados de la libertad ni en entornos que comprometan su seguridad.
Por tal motivo, se dispuso que el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) adecue una zona específica, diferenciada de las celdas tradicionales, para asegurar condiciones apropiadas de reclusión con acompañamiento institucional.
El espacio en el que permanecerá el menor contará con la intervención constante del ICBF, entidad encargada de implementar programas dirigidos a la restitución de derechos y a la continuidad de procesos educativos.
La fiscal explicó que esta intervención permitirá garantizar que el menor, además de permanecer bajo custodia estricta, reciba atención integral conforme a lo establecido en la normativa de protección de infancia y adolescencia.
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En cuanto a la familia del menor, la Fiscalía también dispuso su inclusión en el programa de protección de testigos, lo que implica el acceso a una serie de medidas orientadas a resguardar su integridad.
Entre estas se contemplan el cambio de residencia, el sostenimiento económico y, en caso necesario, la modificación de nombres o documentos de identidad. Estas medidas buscan mitigar eventuales riesgos derivados de su vínculo con los hechos investigados.
La jefa del organismo investigador señaló que la protección no solo contempla acciones en favor del menor y su entorno más próximo, sino también la articulación con unidades especializadas de la Policía Nacional, que actuarán bajo lineamientos de seguridad preventiva y seguimiento operativo.
Estas labores serán coordinadas con el CTI para asegurar un entorno controlado tanto dentro como fuera de los espacios institucionales donde se encuentren los protegidos.
La fiscal Camargo subrayó que estas disposiciones forman parte de una política institucional que reconoce la obligación del Estado de salvaguardar la vida e integridad de las personas involucradas en procesos penales, incluso cuando se trata de indiciados.
En este caso particular, indicó que la Fiscalía consideró imprescindible garantizar un entorno que minimice los factores de riesgo físico, emocional y legal que puedan afectar al menor y su entorno inmediato.
Por último, se explicó que los ajustes en el búnker de la Fiscalía para adecuar el sitio de internamiento requerirán transformaciones físicas, logísticas y operativas.
Estas incluyen el rediseño de espacios, la asignación de personal capacitado para custodiar menores y la coordinación interinstitucional con actores del sistema de protección infantil.
La ejecución de estas modificaciones será supervisada por personal del CTI, con el propósito de cumplir los estándares legales nacionales e internacionales sobre detención de personas menores de edad en conflicto con la ley penal.
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