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JEP concede a más de mil comparecientes exoneración de persecución penal
La medida resuelve su situación jurídica, pero está condicionada.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha concedido 1.030 exoneraciones de persecución penal, con las que resolvió la situación jurídica de comparecientes involucrados en graves crímenes cometidos durante el conflicto armado, pero que no son considerados máximos responsables.
El presidente de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, magistrado Mauricio García, explicó que 979 de los beneficiarios son integrantes de la Fuerza Pública, entre miembros del Ejército y la Policía, lo que representa el 95% del total.
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“El proceso no sancionatorio permite resolver de forma definitiva la situación jurídica de estos comparecientes, pero no es un beneficio gratuito, pues exige el cumplimiento de las obligaciones derivadas del régimen de condicionalidad y la realización de aportes a la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la reparación y la no repetición”, agregó García.
La medida también cobijó a 46 excombatientes de las FARC, dos agentes del Estado que no pertenecían a la Fuerza Pública, dos colaboradores de la extinta guerrilla y un civil.
Según el magistrado, los beneficiarios estuvieron involucrados en 377 hechos que dejaron 643 víctimas directas.
Además, aclaró que con “el acceso a estos beneficios definitivos no culmina con la imposición de la medida, pues está condicionado a continuar con el cumplimiento de las obligaciones ante la JEP y las víctimas”.
Es decir, los comparecientes deben atender los llamados de la JEP cuando sean requeridos y solicitar autorización para salir del país.
Durante el proceso judicial contra estas personas han participado más de 950 víctimas. Ante ellas los comparecientes realizaron manifestaciones de perdón y reconocimiento de responsabilidad.
De igual manera, participaron en actos simbólicos orientados a reparar los daños ocasionados a las víctimas, sus comunidades y los territorios afectados.
Para Mauricio García, resolver la situación jurídica de quienes cometieron crímenes graves “es un paso clave para cerrar jurídicamente el conflicto armado y para consolidar la reintegración social”.
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