Por irregularidades en contratos por más de $91.000 millones, imputan a exgobernadora de Arauca Indira Barrios

La Fiscalía General de la Nación imputó a la exgobernadora de Arauca, Indira Luz Barrios Guarnizo, como presunta responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, uso de documento falso, prevaricato por acción, peculado por apropiación agravado en favor de terceros y peculado por apropiación simple.

La actuación judicial está relacionada con un presunto direccionamiento irregular de tres proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), por un valor superior a los $91.542 millones. Las iniciativas contemplaban la construcción de la red de alcantarillado pluvial en el sector Playitas de Arauca y la ejecución de las celdas dos y tres del relleno sanitario del municipio de Tame.

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De acuerdo con la investigación liderada por la fiscal séptima delegada ante la Corte Suprema de Justicia, mediante el Decreto 864 del 24 de mayo de 2022 la entonces mandataria habría designado como ejecutora de los proyectos y sus respectivas interventorías a la Asociación Regional de Municipios del Caribe.

Según la Fiscalía, esta entidad no cumplía con los requisitos legales, técnicos, financieros y jurídicos exigidos para administrar recursos provenientes del Sistema General de Regalías y tampoco se encontraba inscrita en el Sistema de Registro de Esquemas Asociativos Territoriales (REAT) del Ministerio del Interior.

Las indagaciones también establecieron que los proyectos viabilizados no estaban incluidos en el plan de desarrollo de la Gobernación de Arauca ni figuraban inscritos en el banco de datos del Fondo Nacional de Regalías.

Las evidencias recopiladas señalan que, presuntamente, Barrios Guarnizo avaló documentos técnicos sin el respaldo de expertos durante las etapas de formulación, estructuración, viabilidad y registro de los proyectos. Asimismo, habría expedido certificaciones y decretos sustentados en documentos falsos o de procedencia ilegal.

Uno de los hallazgos más relevantes de la investigación indica que entre los soportes utilizados figuraría un estudio topográfico atribuido a una persona que había fallecido ocho años antes de la elaboración del documento y que, además, no contaba con título profesional de topógrafo.

Para la Fiscalía, estas actuaciones habrían permitido favorecer a terceros que presuntamente se apropiaron de recursos públicos provenientes de regalías por más de $40.327 millones. El presunto detrimento estaría representado en sobrecostos, apropiación de tributos territoriales y cuantiosos anticipos entregados durante la ejecución de los proyectos.

El ente acusador señaló que este resultado hace parte de las acciones adelantadas por el grupo de tareas especiales creado para investigar posibles hechos de corrupción relacionados con recursos del Sistema General de Regalías.

La exgobernadora deberá responder ante la justicia por los cargos imputados, mientras avanza el proceso judicial que busca establecer su eventual responsabilidad en los hechos investigados.

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