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General (r) Mario Montoya comparece ante la JEP por investigación sobre falsos positivos
La JEP escucha al general retirado Mario Montoya en una nueva fase de la investigación sobre desapariciones forzadas.
El general retirado Mario Montoya Uribe comparece los días 1 y 2 de junio de 2026 ante la Jurisdicción Especial para la Paz en el marco de la fase nacional del Caso 03, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentados ilegítimamente como bajas en combate, conocidos como “falsos positivos”.
La diligencia, dirigida por los magistrados Óscar Parra Vera y Catalina Díaz Gómez, hace parte de una etapa que prioriza el análisis de las presuntas responsabilidades de los más altos mandos del Ejército Nacional en los hechos ocurridos entre 2005 y 2008.
Durante la audiencia, la magistratura interrogará a Montoya sobre hechos registrados mientras ocupó cargos de alta responsabilidad dentro de la institución, entre ellos comandante de la Primera División del Ejército, del Comando Conjunto Caribe No. 1 y comandante del Ejército Nacional, funciones que desempeñó entre finales de 2003 y noviembre de 2008.
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La Sala de Reconocimiento de Verdad busca establecer si los patrones macrocriminales identificados previamente por la JEP en regiones como Antioquia, Norte de Santander, la Costa Caribe, Casanare, Meta y Huila fueron replicados en otras zonas del país y obedecieron a factores comunes de alcance nacional.
Como parte de esta fase de investigación, liderada por el magistrado Óscar Parra Vera, la JEP también ha convocado a integrantes del Estado Mayor del Comando del Ejército Nacional, así como a oficiales de la Inspección General del Ejército y de las Fuerzas Militares, quienes tenían responsabilidades relacionadas con la supervisión institucional y la atención de denuncias por posibles violaciones de derechos humanos.
Según ha establecido la Sala, entre 2005 y 2008 el Comando de las Fuerzas Militares emitió directivas y circulares orientadas a promover el respeto de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, la jurisdicción ha documentado que las ejecuciones ilegítimamente reportadas como bajas en combate continuaron ocurriendo en diversas regiones del país, tal como ha sido determinado en los subcasos territoriales de Antioquia, Casanare, Catatumbo, Costa Caribe, Huila y Meta.
La investigación también señala que esta práctica criminal se redujo y posteriormente se detuvo tras las decisiones adoptadas en octubre de 2008, cuando 27 oficiales fueron llamados a calificar servicios por el entonces presidente de la República, luego de conocerse los resultados de una inspección adelantada por una comisión transitoria liderada por el mayor general retirado Carlos Arturo Suárez Bustamante.
Montoya ya había sido llamado por la JEP a reconocer responsabilidad como presunto máximo responsable de la consolidación de un patrón macrocriminal que dejó alrededor de 118 asesinatos y desapariciones forzadas en el oriente antioqueño entre 2002 y 2003, cuando se desempeñaba como comandante de la IV Brigada del Ejército Nacional.
No obstante, el oficial retirado decidió no aceptar responsabilidad ante la jurisdicción. Como consecuencia, su expediente fue remitido a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), instancia que continuará recopilando pruebas y determinará si presenta una acusación formal ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz.
Paralelamente, Mario Montoya también ha sido convocado a rendir versión voluntaria dentro del Subcaso Antioquia del Caso 08, que investiga presuntos crímenes cometidos por integrantes de la fuerza pública, otros agentes estatales y grupos paramilitares durante el conflicto armado.
En esa investigación se analizan hechos ocurridos durante el tiempo en que Montoya comandó la IV Brigada del Ejército entre 2001 y 2003, incluyendo operaciones desarrolladas en la Comuna 13 de Medellín, entre ellas la Operación Orión.
La JEP aclaró que las actuaciones relacionadas con el Caso 03 y el Caso 08 corresponden a líneas de investigación diferentes y avanzan de manera independiente dentro de la jurisdicción transicional.
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