Por acoso laboral destituyen e inhabilitan a funcionarios de la UNP en Santander

La Procuraduría General de la Nación sancionó en fallo de primera instancia a dos funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en Santander por incurrir en conductas de acoso laboral contra su coordinadora regional.

Los sancionados fueron identificados como el agente escolta Alexander Consuegra Payares y el oficial de protección Miguel Ángel Castellanos Montt, quienes fueron destituidos e inhabilitados por un periodo de 12 años, tras comprobarse su responsabilidad en la creación de un ambiente hostil dentro de la entidad.

De acuerdo con la investigación disciplinaria, los funcionarios utilizaron insultos ofensivos para referirse a la funcionaria y publicaron más de 100 mensajes injuriosos en redes sociales desde cuentas sindicales. En dichas publicaciones difundieron fotografías personales de la víctima y realizaron acusaciones sin sustento relacionadas con presuntos hechos de corrupción.

El Ministerio Público también evidenció que los implicados instauraron múltiples quejas disciplinarias contra la coordinadora, las cuales fueron archivadas por falta de pruebas. Estas acciones, según el fallo, no solo deterioraron el ambiente laboral, sino que obstaculizaron el ejercicio de sus funciones y terminaron forzando su salida del cargo en el año 2020.

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La Procuraduría General de la Nación indicó que las conductas tuvieron un impacto significativo en la salud mental de la víctima, generando temor, zozobra y aislamiento. Debido al nivel de riesgo derivado de la situación, fue necesario asignarle un esquema de seguridad para garantizar su protección.

Asimismo, el ente de control concluyó que los hechos no fueron aislados, sino parte de un ataque sistemático con componentes de sesgo de género, orientado a debilitar la autoridad y estabilidad emocional de la funcionaria por tratarse de una mujer en un cargo de liderazgo.

Las faltas fueron calificadas como gravísimas cometidas a título de dolo. Sin embargo, la entidad precisó que los disciplinados interpusieron recurso de apelación contra la decisión, por lo que el proceso continuará en segunda instancia.

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