Mujer que vendía hielo en Baranoa fue asesinada por no pagar extorsión de $500.000

La mujer que vendía bolsas de hielo a 500 pesos desde la sala de su casa fue asesinada por no pagar una extorsión de 500.000 pesos.

El crimen, ocurrido en Baranoa, dejó en evidencia la presión que enfrentan pequeños comerciantes en medio de las exigencias económicas impuestas por estructuras ilegales.

El homicidio de Maribis del Socorro Escobar González, ocurrido el pasado 8 de abril en el municipio de Baranoa, Atlántico, continúa siendo objeto de investigación por parte de las autoridades, que han orientado sus indagaciones hacia un posible móvil relacionado con extorsión.

El caso, además de generar reacciones en el ámbito institucional, ha coincidido con la circulación de panfletos amenazantes cuya autenticidad aún no ha sido confirmada, pero que han incidido en la percepción de seguridad en la población.

Escobar González, de 56 años, desarrollaba labores de costura y complementaba sus ingresos mediante la venta de hielo desde su vivienda.

De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, fue atacada en el interior de su residencia, ubicada en el barrio Ciudadela La Paz, por dos hombres que se movilizaban en motocicleta y que habrían llegado al lugar bajo el pretexto de realizar una compra.

Según los reportes oficiales, uno de los individuos ingresó al inmueble y le disparó de manera directa. No se registraron signos de forcejeo ni se reportó la sustracción de objetos, lo que ha sido interpretado por los investigadores como un indicio de que se trató de una acción dirigida.

El comandante de la Policía del Atlántico confirmó que la principal hipótesis de trabajo apunta a un hecho vinculado con extorsión. Esta línea investigativa adquiere relevancia frente a versiones iniciales que no habían sido formalizadas en pronunciamientos oficiales.

La institución señaló que el análisis de las circunstancias del ataque y el patrón observado en la ejecución del homicidio sustentan la posibilidad de que el crimen haya sido planificado.

De manera simultánea al avance de las investigaciones, en redes sociales y en distintos sectores del municipio comenzaron a difundirse panfletos que contienen amenazas y mensajes que aluden a posibles retaliaciones.

Estos documentos han sido atribuidos de forma no verificada a supuestas estructuras criminales. Ante esta situación, las autoridades han solicitado a la ciudadanía abstenerse de difundir información no confirmada y han advertido que este tipo de contenidos puede responder a estrategias orientadas a generar desinformación o presión psicológica.

Fuentes institucionales indicaron que los panfletos están siendo objeto de análisis dentro del contexto general de seguridad en la región. No obstante, precisaron que, hasta el momento, no se les reconoce validez como comunicados auténticos de organizaciones armadas, con el fin de evitar la amplificación de mensajes que puedan contribuir a la propagación del temor.

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A pesar de la falta de verificación oficial, la circulación de estos mensajes ha tenido efectos en la comunidad. Comerciantes, residentes de zonas urbanas y familias del municipio han manifestado preocupación ante la posibilidad de que actividades económicas de pequeña escala, como la desarrollada por la víctima, puedan ser objeto de presión o violencia.

El caso ha sido interpretado por algunos sectores como una señal de riesgo para quienes realizan labores visibles desde sus viviendas.

En respuesta a la situación, la Policía del Atlántico anunció el refuerzo de las labores investigativas mediante la asignación de entre 12 y 15 funcionarios adicionales, con el propósito de avanzar en la identificación de los responsables tanto materiales como intelectuales del homicidio.

Asimismo, se dispuso que el comando operativo de la institución comience a despachar directamente desde Baranoa, medida que busca mejorar la capacidad de reacción y fortalecer la presencia en el territorio.

Las autoridades recordaron que el municipio registra 14 homicidios en lo que va de 2026, cifra que ha motivado la adopción de acciones orientadas a contener la violencia.

En ese contexto, el alto mando policial reiteró la importancia de la colaboración ciudadana, especialmente a través de la denuncia oportuna, como herramienta para enfrentar dinámicas delictivas en escenarios donde la intimidación puede limitar la participación de la comunidad.

Por su parte, el alcalde de Baranoa, Edinson Palma, reconoció la existencia de preocupación entre los mandatarios locales frente a la expansión de prácticas extorsivas y las dificultades para contrarrestar estructuras que operan mediante amenazas directas.

El funcionario anunció la realización de una marcha ciudadana prevista para el próximo lunes en horas de la mañana, con el objetivo de expresar rechazo frente a los hechos recientes y acompañar a las víctimas.

El alcalde también informó que sostuvo comunicación con el viceministro del Interior, Jaime Berdugo, con el propósito de promover la instalación de mesas de trabajo en el municipio y gestionar un acompañamiento más cercano del Gobierno nacional en materia de seguridad.

Según indicó, el fortalecimiento de la presencia institucional es necesario ante el deterioro de las condiciones de orden público.

En el marco de la investigación, las autoridades mantienen vigente una recompensa de hasta 70 millones de pesos para quien suministre información que permita esclarecer el caso. Hasta el momento, no se han reportado capturas ni se ha formalizado imputación de cargos contra personas vinculadas al homicidio.

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