Odinsa advierte que cambios en tarifas de peajes del Eje Cafetero los pagaría el Estado

El debate por el esquema tarifario de los peajes en el Eje Cafetero sigue generando tensiones en el sector de infraestructura. En entrevista con La FM, Jean Pierre Serani, presidente de Odinsa, advirtió que cualquier modificación en las tarifas de la concesión Autopistas del Café podría tener un costo directo para el erario público.

"Hay solicitudes que hemos oído, porque no las conocemos, de cambios en las tarifas de los peajes que afectarían el recaudo. Al ser un contrato de primera generación con ingreso mínimo garantizado, el diferencial al momento de la reversión lo tendrá que pagar el Estado", afirmó el directivo.

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Serani subrayó que, hasta la fecha, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) no les ha emitido ninguna manifestación ni resolución tarifaria, y que la compañía tampoco ha sido convocada a los espacios de diálogo que se están desarrollando en la región. "Nosotros no hemos sido invitados a ninguna de las mesas que se están llevando a cabo. Tenemos dos frentes: uno que es la terminación anticipada de la concesión, que es lo que entendemos que es la intención, y otros temas de cambios en las tarifas que tampoco conocemos", precisó.

En medio de la controversia, el presidente de Odinsa también se refirió al proyecto IP Conexión Centro, aclarando que no se trata de una ampliación de Autopistas del Café, sino de un contrato completamente nuevo bajo los estándares de las concesiones de quinta generación. El proyecto contempla inversiones superiores a los $7 billones en la región y ampliaría la red vial de 256 kilómetros a 334 kilómetros.

Advertencia sobre la institucionalidad del sector

Serani lanzó una advertencia frente a la posibilidad de rechazar la iniciativa IP Conexión Centro sin agotar su evaluación técnica, jurídica y financiera. A su juicio, tomar una decisión de ese tipo por razones coyunturales o políticas debilitaría la planeación de largo plazo del país en materia de infraestructura, afectaría la institucionalidad del sector y desincentivaría la atracción de inversión extranjera.

"Rechazar la iniciativa antes de culminar su evaluación integral —fundamentos técnicos, impacto en la comunidad, jurídico, financiero— por una decisión coyuntural en un contexto político, se debilita la planeación de largo plazo de infraestructura y la institucionalidad del sector en el país y la atracción de inversión", concluyó el directivo.

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