Crisis de EPS en Colombia: Procuraduría revela aumento de deudas, tutelas y fallas en el sistema de salud

Un conjunto de informes recientes elaborados por la Procuraduría General de la Nación expone un panorama crítico en varias Entidades Promotoras de Salud (EPS) que han sido objeto de intervención estatal en los últimos años.

Los hallazgos dan cuenta de un deterioro progresivo en la prestación de los servicios, un incremento sostenido en los costos médicos, el crecimiento de las deudas y un aumento significativo en las acciones judiciales interpuestas por los usuarios para acceder a servicios básicos.

El contexto de esta situación remite a una declaración realizada por el presidente Gustavo Petro en agosto de 2023, cuando planteó que la eventual desaparición de las EPS podría producirse sin necesidad de una reforma estructural, sino como resultado de un proceso de colapso encadenado.

En ese momento, el mandatario describió un escenario en el cual las entidades quebradas trasladarían a sus afiliados a otras, generando un efecto sucesivo de caída del sistema.

Dos años después, los datos recopilados por los organismos de control muestran una evolución que coincide con ese escenario.

La Procuraduría identificó fallas estructurales en las EPS intervenidas por el Gobierno nacional, entre ellas problemas financieros, dificultades en el suministro de medicamentos, incremento en los costos de atención y acumulación de deudas.

Según el ente de control, este conjunto de factores configura un deterioro sostenido del sistema de salud en Colombia.

La procuradora delegada para el sector salud, Mónica Ulloa, explicó que uno de los principales hallazgos es el aumento en los costos médicos, con impacto directo en los indicadores de siniestralidad.

Asimismo, indicó que las pérdidas patrimoniales acumuladas superan los 12 billones de pesos. Esta situación, según señaló, genera incertidumbre sobre la capacidad de las EPS para responder a sus obligaciones con los prestadores de servicios, quienes son los encargados de la atención directa a los pacientes.

Las conclusiones de la Procuraduría se derivan de inspecciones realizadas desde julio de 2025 a ocho EPS intervenidas: AsmetSalud, Capresoca, Coosalud, Emssanar, Famisanar, Servicio Occidental de Salud (SOS), SaviaSalud y Nueva EPS.

Estas entidades concentran el aseguramiento de más de 23 millones de personas, lo que representa cerca del 44 % de la población del país.

Los informes evidencian que la gestión de los agentes interventores designados por la Superintendencia Nacional de Salud no ha logrado revertir las dificultades operativas.

Por el contrario, se han identificado indicadores que muestran un agravamiento de la situación. Entre ellos, el aumento de las tutelas por fallas en la atención.

La Corte Constitucional reportó que, hasta diciembre del año anterior, se presentaron más de 312.000 acciones de tutela relacionadas con el sistema de salud, cifra que duplica las registradas en 2022. La mayoría de estos recursos judiciales provienen de afiliados a EPS intervenidas.

En paralelo, la Procuraduría reportó un incremento del 183 % en los incidentes de desacato a órdenes de tutela, lo que indica dificultades en el cumplimiento de decisiones judiciales.

Estas acciones suelen estar relacionadas con solicitudes de servicios como consultas médicas, procedimientos quirúrgicos y entrega de medicamentos.

En el ámbito financiero, los indicadores muestran un crecimiento en los gastos administrativos en el 75 % de las EPS intervenidas.

Asimismo, el 78 % presenta niveles de siniestralidad superiores a los registrados antes de la intervención.

Los pasivos del conjunto de estas entidades pasaron de 12,8 billones de pesos en 2022 a 30,4 billones en diciembre de 2024. A esto se suman pérdidas patrimoniales acumuladas por 12,8 billones.

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La Procuraduría también ha señalado la ausencia de medidas eficaces para garantizar la continuidad en la prestación del servicio.

Según Ulloa, no se identifican planes concretos ni mecanismos de vigilancia suficientes para asegurar la entrega oportuna de medicamentos ni la atención en condiciones de calidad y eficiencia.

Añadió que, pese a los requerimientos reiterados a las EPS, al Ministerio de Salud y a la Superintendencia, no se han obtenido respuestas de fondo.

Las alertas del ente de control se intensificaron el 2 de marzo de este año, cuando se ordenó la suspensión temporal de Wilmar Salgado y Carlos Betancur, interventores de SaviaSalud y del Servicio Occidental de Salud.

La decisión se fundamentó en presuntos incumplimientos que habrían incidido en el deterioro del servicio, el aumento de la siniestralidad, el crecimiento de los pasivos y la reducción del patrimonio.

Posteriormente, la Procuraduría adoptó una medida similar contra el interventor de Coosalud, Alexánder Mesa. Según el informe, durante su gestión se registraron más de 107.000 peticiones, quejas y reclamos (PQR) hasta diciembre de 2025, lo que representa un incremento del 32 % frente al año de la intervención.

También se evidenció un aumento del 21 % en las tutelas y un crecimiento en las cuentas por cobrar, que pasaron de 66.000 millones de pesos en 2023 a 274.000 millones en 2024.

En el caso de AsmetSalud, el interventor Lain Eduardo López fue suspendido de manera definitiva.

La Procuraduría señaló que, durante su administración, las tutelas aumentaron en un 25 %, la siniestralidad presentó un deterioro del 19 % y se registró una pérdida de 399.884 millones de pesos en el resultado financiero integral. Esta EPS ha tenido seis agentes interventores en menos de tres años.

Otra medida recayó sobre Betty Cecilia Anaya, interventora de Capresoca. De acuerdo con la decisión, su gestión no logró mejorar las condiciones de acceso a los servicios ni la sostenibilidad financiera de la entidad.

Durante su administración, las PQR aumentaron en un 144 %, lo que, según el fallo, evidencia fallas sistemáticas en la garantía del derecho a la salud. Además, se registraron incrementos en la siniestralidad y una reducción patrimonial de 207.000 millones de pesos.

A este panorama se suma la situación de la Nueva EPS, la entidad con mayor número de afiliados en el país. Según la Procuraduría, esta EPS presenta deficiencias en su estructura administrativa y financiera, entre ellas la ausencia de estados financieros actualizados y de auditoría contratada.

También se reporta acumulación en la revisión de facturas y el uso de anticipos como mecanismo para sostener la operación.

La Nueva EPS se encuentra, además, en una situación jurídica indefinida tras el vencimiento de su intervención el pasado 3 de abril. El Gobierno evalúa la posibilidad de extender esta medida por un año adicional, mientras que la Procuraduría ha solicitado a la Superintendencia de Salud que sustente con documentación las razones de dicha decisión.

Frente a este escenario, el ente de control ha advertido sobre los riesgos que implica la falta de certeza jurídica en una entidad que concentra más de 11 millones de afiliados.

La preocupación central, según Ulloa, se relaciona con la garantía efectiva del derecho a la salud y el impacto sistémico que puede derivarse de la inestabilidad en la mayor EPS del país.

En medio de este contexto, la Corte Constitucional convocó para el lunes 13 de abril una mesa técnica con el fin de evaluar la situación del sistema de salud.

En esta instancia se espera la participación del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien deberá responder por un incidente de desacato relacionado con la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), mecanismo mediante el cual se financia la atención por afiliado.

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