Licitación pasaportes: Fiscalía imputará cargos al excanciller Álvaro Leyva

La Fiscalía General de la Nación anunció que imputará cargos al excanciller Álvaro Leyva por el delito de prevaricato por acción, tras su decisión de declarar desierta la licitación para la fabricación de pasaportes en 2023, pese a que la Unión Temporal Thomas Greg & Sons había obtenido el mayor puntaje y cumplido con los requisitos para la adjudicación. La licitación tenía un valor estimado cercano a los $600.000 millones.

El ente acusador informó que ya fue radicada ante el Tribunal Superior de Bogotá la solicitud de audiencia de imputación de cargos. Según la investigación, Leyva habría proferido varios actos administrativos presuntamente contrarios a la ley dentro del proceso de licitación pública cuyo objeto era suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaporte, así como la impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con lectura mecánica.

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Por ahora, queda pendiente que el Tribunal establezca la fecha de la diligencia judicial. Esta actuación se suma a los antecedentes disciplinarios del exministro, quien el 12 de noviembre de 2024 fue sancionado por la Procuraduría General de la Nación con destitución e inhabilidad por 10 años para ocupar cargos públicos, debido a irregularidades relacionadas con el mismo proceso contractual de pasaportes.

La investigación contra Leyva se inició en 2023, cuando la Procuraduría calificó como falta gravísima a título de dolo la declaratoria desierta del proceso de licitación con Thomas Greg & Sons, aun cuando la firma cumplía los requisitos y había resultado favorecida en la evaluación. También cuestionó la declaratoria de emergencia manifiesta emitida después del cierre del contrato anterior, aunque en este punto el organismo de control finalmente lo absolvió.

En su fallo disciplinario, la Sala Disciplinaria Ordinaria concluyó que Leyva Durán desconoció los criterios de selección objetiva al anular el procedimiento por la existencia de un único oferente hábil, lo cual, indicó, no constituía una causa legal para cancelar la licitación. 

Con la imputación solicitada ahora por la Fiscalía, el exministro deberá responder penalmente por las presuntas irregularidades cometidas durante su gestión.

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