Tribunal Superior de Bogotá rechaza bloqueos indígenas en el CAN y exige garantías para jueces

El Tribunal Superior de Bogotá declaró este lunes su rechazo frente a los hechos registrados durante la jornada, en la que integrantes de comunidades indígenas del Cauca que se encuentran en Bogotá para protestas y concentraciones impidieron la salida de funcionarios judiciales en el Centro Administrativo Nacional (CAN).

Según la corporación, las restricciones a la movilidad y el cierre de accesos a las sedes judiciales constituyen vías de hecho que afectan tanto a los servidores públicos como a los ciudadanos que requieren la prestación continua del servicio de justicia.

La Sala de Gobierno del Tribunal informó que varios despachos quedaron sin posibilidad de operar con normalidad debido a los bloqueos ejercidos por integrantes de la guardia indígena, quienes mantuvieron cerrados los ingresos a las instalaciones.

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Cinco magistrados que laboran en la sede del CAN no pudieron retirarse de sus oficinas al finalizar la jornada, situación que fue catalogada por la corporación como una afectación directa a su derecho a la libre locomoción y al ejercicio de sus funciones.

El Tribunal reiteró que la protesta social no puede derivar en retenciones ni en cercos sobre instalaciones judiciales.

En su comunicado, la entidad señaló que este tipo de acciones vulnera la autonomía judicial y afecta de manera inmediata el acceso ciudadano a la administración de justicia.

Añadió que la Rama Judicial actúa conforme a la Constitución y a la ley, y que cualquier inconformidad con las decisiones de jueces y magistrados debe tramitarse por los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico, y no mediante la intimidación o la obstrucción física de los recintos donde operan los despachos judiciales.

La Presidencia del Tribunal informó que ya fueron enviadas comunicaciones al Consejo Superior y al Consejo Seccional de la Judicatura para activar los protocolos relacionados con este tipo de contingencias.

También se radicaron solicitudes ante la Policía Metropolitana de Bogotá, la Defensoría del Pueblo y la Alcaldía Mayor, con el propósito de que se garantice la seguridad del personal, la protección de los bienes públicos y el restablecimiento del orden en los accesos a las sedes judiciales.

El Tribunal afirmó que permanecerá en sesión permanente hasta que se restablezcan plenamente las condiciones de seguridad y se asegure el retorno de todos sus integrantes a sus hogares.

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