JEP convoca audiencia para definir sanciones al exsecretariado de las Farc por secuestros

En un paso decisivo hacia la emisión de la sentencia contra los máximos responsables del último secretariado de las Farc, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) convocó una audiencia pública los días 9 y 10 de julio en Bogotá. Esta diligencia busca verificar si los exjefes guerrilleros que reconocieron su responsabilidad por secuestros cumplen con los requisitos para ser sancionados bajo el modelo restaurativo.

La audiencia fue citada por la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz como parte del proceso de definición de la situación jurídica de los comparecientes. 

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En esta etapa, el tribunal busca garantizar que la futura sentencia no solo imponga las sanciones adecuadas, sino que también proteja los derechos de las víctimas, brinde seguridad jurídica y cumpla con los estándares internacionales.

Entre los convocados figuran Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar. La JEP evaluará si han cumplido con sus obligaciones de aportar a la verdad, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición, conforme a la Ley 1922 de 2018 y el artículo 92(e) de la Ley Estatutaria.

Durante la audiencia también se analizarán los proyectos restaurativos que los comparecientes deberán ejecutar como parte de su sanción. Estos incluyen iniciativas de memoria y reparación simbólica, búsqueda de personas desaparecidas, desminado humanitario y recuperación ambiental. El objetivo es garantizar que estos proyectos sean viables, sostenibles y efectivos en la restauración del daño causado.

Para este propósito, la JEP activó la participación de más de una docena de entidades estatales, entre ellas la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), el Departamento Nacional de Planeación, los ministerios del Interior y de Justicia, la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, la Unidad Nacional de Protección y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Estas instituciones apoyan la estructuración y evaluación de los proyectos propuestos.

Adicionalmente, se revisarán las condiciones del régimen de condicionalidad que rige para los comparecientes, con base en información proveniente de organismos del Sistema Integral para la Paz como la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la Unidad para las Víctimas y el Comité de Seguimiento a las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Con ello, la JEP busca que las sanciones impuestas estén plenamente fundamentadas y respondan a los derechos de verdad, justicia y reparación de las víctimas.

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