Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en cárcel contra Carlos Ramón González por caso UNGRD

La Fiscalía General de la Nación, a través de la fiscal delegada María Cristina Patiño, solicitó este viernes ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá la imposición de medida de aseguramiento en centro penitenciario contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), por su presunta implicación en el proceso penal que se adelanta por el denominado caso UNGRD.

Durante la diligencia judicial, la representante del ente acusador fundamentó su solicitud en la existencia de material probatorio que, a su juicio, evidencia la posible responsabilidad penal de González en hechos relacionados con la apropiación indebida de recursos públicos destinados a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), así como en la celebración de actos que presuntamente comprometerían la transparencia y legalidad en la asignación de contratos.

La fiscal Patiño sostuvo que las evidencias recopiladas hasta el momento permiten inferir, con base en los principios de necesidad y razonabilidad, que el exfuncionario podría representar un riesgo para el adecuado desarrollo del proceso penal, al considerar que su permanencia en libertad podría facilitar la obstrucción a la justicia o la continuación de conductas similares. Asimismo, advirtió que la medida es necesaria para preservar la integridad del proceso judicial y garantizar la comparecencia del imputado.

Carlos Ramón González enfrenta un proceso penal por los presuntos delitos de cohecho propio, peculado por apropiación y lavado de activos. Estos cargos fueron formalizados en audiencia previa por la Fiscalía, y el investigado se declaró inocente de los mismos.

Los hechos por los cuales se adelanta la investigación guardan relación con presuntas irregularidades en la asignación de recursos y contratos celebrados en el marco de la atención de emergencias y desastres naturales, en los que la Fiscalía ha identificado posibles pagos irregulares a congresistas y otros altos funcionarios públicos, como parte de un entramado de corrupción que comprometería a diversas entidades del Estado.

González, quien ocupó el cargo de director del DAPRE hasta principios de 2024, ha sido mencionado en el marco de las declaraciones entregadas por otros implicados, entre ellos el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, quien colabora con la justicia mediante un principio de oportunidad y ha proporcionado información que ha permitido abrir nuevas líneas de investigación.

Según versiones conocidas por los medios de comunicación, López habría indicado que González conocía y avalaba algunos de los movimientos financieros cuestionados.

Durante la audiencia, la defensa del exdirector del DAPRE solicitó que se rechazara la medida de aseguramiento privativa de la libertad y, en su lugar, se le concediera alguna de las medidas sustitutivas previstas por la ley, como detención domiciliaria o vigilancia electrónica, argumentando que González ha comparecido de manera voluntaria ante la justicia, no tiene antecedentes penales y ha manifestado disposición de colaborar con el proceso.

Sin embargo, la Fiscalía se opuso a dicha pretensión al considerar que el delito de lavado de activos tiene una gravedad especial por su capacidad de afectar el orden económico y social, y que los hechos investigados constituyen una presunta afectación al patrimonio público de significativa cuantía.

La delegada del ente investigador también recordó que las medidas sustitutivas deben aplicarse de manera restrictiva en casos donde se investiga corrupción administrativa con recursos de emergencia.

El magistrado del Tribunal Superior de Bogotá no se pronunció de inmediato sobre la solicitud presentada por la Fiscalía, y anunció que la decisión sobre la medida de aseguramiento será emitida en una próxima audiencia, cuya fecha será fijada en el curso de la semana entrante.

El proceso judicial por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha involucrado a múltiples exfuncionarios y contratistas del Gobierno nacional, y recientemente alcanzó al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Carlos Ramón González, figura cercana al presidente Gustavo Petro.

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Su nombre aparece en el expediente judicial luego de las declaraciones de exfuncionarios que colaboran con la Fiscalía y que han entregado detalles sobre el entramado de irregularidades en el manejo de recursos públicos destinados a atender emergencias y desastres naturales en el país.

¿Quién delató a Carlos Ramón González?

La información que compromete a González proviene principalmente del testimonio entregado por Olmedo López, exdirector de la UNGRD, quien fue capturado en medio de las investigaciones y decidió acogerse a un principio de oportunidad ofrecido por la Fiscalía General de la Nación.

López, en sus declaraciones rendidas bajo juramento, habría señalado a González como uno de los altos funcionarios de la Presidencia que tenía conocimiento de las gestiones irregulares dentro de la entidad y que, según dijo, habría ejercido algún tipo de coordinación política para facilitar la asignación de contratos o recursos a determinados congresistas.

Junto a López, Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad, también ha colaborado con las autoridades. Ambos exfuncionarios coincidieron en señalar a González como un intermediario político en los acuerdos para la entrega de recursos que, presuntamente, buscaban garantizar la aprobación de reformas legislativas en el Congreso.

Las versiones entregadas por López y Pinilla se complementan con interceptaciones telefónicas, registros financieros y documentos que hacen parte del expediente y que la Fiscalía considera relevantes para sustentar su solicitud de medida de aseguramiento contra el exdirector del DAPRE.

Hechos y presunta participación en el escándalo de la UNGRD

Según el relato entregado por la Fiscalía durante las audiencias preliminares, Carlos Ramón González habría intervenido de manera indirecta en la planeación y aprobación de transferencias presupuestales por parte de la UNGRD que, en lugar de destinarse exclusivamente a la atención de desastres, habrían sido utilizadas para fines políticos, incluyendo supuestos pagos a congresistas a través de convenios interadministrativos y contratos direccionados.

Los investigadores del caso sostienen que González, en su calidad de director del DAPRE entre 2022 y 2024, tuvo un papel determinante en la articulación entre la Presidencia y la UNGRD, lo que le habría permitido tener injerencia en decisiones presupuestales clave.

Aunque no firmó contratos directamente, la Fiscalía lo señala como facilitador político del esquema, por su cercanía con el círculo presidencial y su rol estratégico en la gestión administrativa del Gobierno.

Los delitos que se le imputan son cohecho propio, peculado por apropiación y lavado de activos. Hasta el momento, González se ha declarado inocente de todos los cargos, y su defensa ha cuestionado la veracidad de los testimonios en su contra, argumentando que se trata de una estrategia de exfuncionarios que buscan reducir sus penas a través de acuerdos con el ente investigador.

¿Quién es Carlos Ramón González?

Carlos Ramón González Merchán es abogado de formación, egresado de la Universidad Externado de Colombia. Su trayectoria política está estrechamente vinculada a las corrientes progresistas, ambientalistas y de izquierda, y ha desempeñado múltiples roles en la vida pública nacional, principalmente desde el ámbito del movimiento verde y del activismo político alternativo.

Fue cofundador del Partido Alianza Verde y dirigente del Movimiento Progresistas, además de ocupar cargos de elección popular y designación política en diferentes gobiernos locales y nacionales. También ha sido consultor en temas de participación ciudadana y gobernanza.

Durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, González se convirtió en una de las piezas clave del equipo político del entonces candidato, aportando su experiencia en articulación con movimientos sociales y en la estructuración del programa de gobierno.

Tras la victoria electoral, fue designado como director del DAPRE, cargo desde el cual asumió la coordinación administrativa de la Presidencia de la República y tuvo acceso a decisiones estratégicas de alto nivel.

En enero de 2024, fue nombrado director de la Agencia Nacional de Inteligencia, una movida que fue leída como una señal de confianza personal del presidente hacia uno de sus colaboradores más cercanos.

No obstante, pocos meses después, su salida del Gobierno fue anunciada en medio de rumores de tensiones internas y de cuestionamientos por su rol en la interlocución con congresistas.

Cercanía con el presidente Gustavo Petro

González ha sido descrito como un colaborador de absoluta confianza del presidente Petro. Su vinculación con el jefe de Estado se remonta a los años en que ambos compartían espacios políticos alternativos y proyectos legislativos en el Congreso.

Durante los primeros meses del actual Gobierno, se le consideró un funcionario con alta influencia dentro del Ejecutivo, y fue uno de los principales operadores políticos de la Presidencia durante la discusión de las reformas estructurales en el Congreso.

El presidente Petro lo ha defendido públicamente en más de una ocasión, calificándolo como un funcionario leal y comprometido con la lucha contra la corrupción.

Sin embargo, ante la formalización de la imputación y la solicitud de medida de aseguramiento, la Casa de Nariño no ha emitido una declaración oficial sobre su situación jurídica.

Polémicas durante su paso por el Gobierno

El nombre de González ha estado vinculado a diversas controversias desde que asumió el cargo en el DAPRE.

Una de ellas fue su participación en el diseño de la estrategia de relacionamiento con el Congreso durante la discusión de las reformas laboral, pensional y de salud, que generaron roces entre la Presidencia y algunos sectores del Legislativo.

También fue cuestionado por su rol en la asignación de cuotas burocráticas, lo que algunos consideraron una práctica clientelista contraria al discurso inicial del Gobierno.

Además, en su paso por la Agencia Nacional de Inteligencia, enfrentó críticas por la falta de transparencia en la contratación y la escasa rendición de cuentas sobre los objetivos de esa entidad.

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