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Gobierno impugna fallo que condiciona bombardeos ante presencia de menores
Según el Ejecutivo, las Fuerzas Militares cuentan con protocolos, tecnología y fuentes de información para determinar las condiciones de las zonas donde se planean operaciones aéreas.
Los ministerios de Defensa, Justicia e Interior impugnaron la decisión del Juzgado 34 de Familia de Bogotá que permite continuar con los bombardeos, pero establece medidas reforzadas de precaución cuando exista información sobre la presencia de niños, niñas o adolescentes en zonas donde operan grupos armados.
En la decisión, el Juzgado levantó la suspensión provisional que había impedido realizar operaciones aéreas ofensivas en lugares donde pudiera haber menores, pero ordenó que, cuando exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre la presencia de menores, las autoridades deben aumentar las medidas de precaución antes de ejecutar una acción.
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Entre las disposiciones establecidas se encuentran el fortalecimiento de las labores de inteligencia, la evaluación de los posibles riesgos para los menores y la consideración de alternativas operacionales que permitan cumplir el objetivo militar legítimo reduciendo los posibles daños a esta población.
El juzgado también precisó que la presencia de menores en un campamento de un grupo armado no los convierte automáticamente en objetivos militares y que cada operación debe analizarse de acuerdo con las normas del Derecho Internacional Humanitario y las condiciones particulares del caso.
De acuerdo con lo conocido sobre la impugnación, el Gobierno sostiene que las Fuerzas Militares ya cuentan con protocolos, herramientas tecnológicas y fuentes de información que permiten establecer las condiciones de los lugares en los que se planean operaciones aéreas.
Con este recurso, los ministerios buscan que un juez de segunda instancia revise las medidas ordenadas en la providencia.
La discusión judicial tiene como antecedente una tutela presentada después de una operación militar realizada el pasado 27 de agosto en Guaviare contra una estructura de las disidencias de las FARC, en la que murieron menores de edad.
Ahora será el Tribunal Superior de Bogotá el que deberá estudiar los argumentos presentados por el Gobierno y determinar si mantiene, modifica o deja sin efecto las condiciones establecidas en primera instancia.
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