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JEP acredita como víctimas a familiares de 13 personas asesinadas en la masacre de Riofrío en 1993
El tribunal reconoció a los allegados de las víctimas del crimen atribuido a paramilitares con presunta coordinación y encubrimiento del Ejército.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó como víctimas, en el marco del Caso 03, a los familiares de 13 personas asesinadas el 5 de octubre de 1993 en Riofrío, Valle del Cauca.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el crimen habría sido cometido por miembros de grupos paramilitares que actuaban en coordinación con el Ejército Nacional y contaban con su encubrimiento.
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La decisión se adoptó durante la fase de instrucción nacional del Caso 03 en el Valle del Cauca, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate por agentes del Estado, conocidos como “falsos positivos”. La acreditación responde a la solicitud de los familiares, quienes buscan el reconocimiento de los hechos y la reparación de los daños causados por la masacre.
En línea con el principio de centralidad de las víctimas que orienta el trabajo de la JEP, esta medida pretende contribuir al esclarecimiento de la verdad sobre crímenes cometidos por agentes estatales en el Valle del Cauca, basándose en informes de organizaciones de víctimas.
Estos documentos demuestran que las 13 personas asesinadas en Riofrío no pertenecían al Eln, como fue reportado falsamente por miembros del Ejército en ese momento.
La CIDH concluyó que el Estado colombiano fue responsable de la violación del artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (derecho a la vida) en perjuicio de Miguel Enrique Ladino Largo, Miguel Antonio Ladino Ramírez, María Cenaida Ladino Ramírez, Carmen Emilia Ladino Ramírez, Julio César Ladino Ramírez, Lucely Colorado, Celso Mario Molina, Rita Edelia de Molina, Ricardo Molina, Freddy Molina, Hugo Cedeño Lozano y otras víctimas, así como de sus familias.
La JEP hizo un llamado a la sociedad colombiana a no olvidar los hechos de violencia que han marcado la historia del país y a respaldar los esfuerzos por una paz duradera, basada en el reconocimiento de los derechos de las víctimas. El tribunal recalcó que la memoria, la verdad y la reparación son pilares esenciales para la reconciliación y la reconstrucción del tejido social roto por graves crímenes.
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