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Imputan cargos a Nicolás Petro por corrupción en contratos de la Gobernación del Atlántico
El hijo del presidente Gustavo Petro es señalado por irregularidades en convenios sociales que superan los 3.000 millones de pesos y que nunca habrían cumplido su propósito.
La Fiscalía General de la Nación solicitó audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, por presuntas irregularidades en contratos con la Gobernación del Atlántico. El ente acusador lo señala de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público.
La investigación se centra en cinco convenios adjudicados a la Fundación Conciencia Social (Fucoso), cuyo valor supera los 3.000 millones de pesos y que estaban destinados a programas de atención para adultos mayores y estudiantes con discapacidad. Según la Fiscalía, dichos servicios nunca se prestaron y los recursos no se destinaron a los fines previstos.
Cuatro de los contratos fueron asignados directamente a Fucoso, mientras que uno más figura a nombre de la Unión Temporal Conciencia Incluyente, representada por Gustavo de la Ossa Vélez, pero con la misma dirección de la fundación en Barranquilla. Esto, según los investigadores, refuerza las sospechas sobre la estructura de las operaciones.
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La Fiscalía también vincula a Daysuris Vásquez, exesposa de Petro, en un presunto esquema de lavado de activos que habría utilizado fundaciones y empresas como Grupo Delta Limitada para dar apariencia de legalidad a fondos ilícitos. Dichos recursos habrían financiado la compra de bienes, joyas, una casa en Tubará y procedimientos estéticos.
El caso involucra además a figuras políticas de la Costa. Conversaciones presentadas como prueba mencionan a Raúl Lacouture Daza, funcionario de la Gobernación del Atlántico, quien habría autorizado un contrato de 400 millones con Fucoso, y a Alejandro Char, exalcalde de Barranquilla, a quien se le atribuyen supuestos aportes económicos a Petro y Vásquez, hechos que su defensa ha negado.
Entre 2017 y 2022, Fucoso obtuvo tres contratos con la Gobernación por 2.272 millones de pesos y ocho más con la Alcaldía de Barranquilla por 4.270 millones, bajo las administraciones de Char y Jaime Pumarejo.
Con esta imputación, Nicolás Petro enfrenta dos procesos formales: uno por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y ahora otro por corrupción en contratos públicos, en medio de un escándalo que compromete su futuro judicial y político.
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