Publicidad
Publicidad
Francisco Bernate, abogado de víctimas del atentado del Andino, señala al Gobierno Petro por fuga de alias ‘Violeta’
El atentado del centro comercial Andino ocurrió el 17 de junio de 2017, hacia las 5 de la tarde, en vísperas del Día del Padre.
Las víctimas del atentado contra el Centro Comercial Andino denunciaron, a través de su abogado, Francisco Bernate, que el Gobierno del presidente Gustavo Petro no informó a tiempo a la justicia que Violeta Arango Ramírez, alias ‘Violeta’, había dejado de ser gestora de paz, lo que habría facilitado que hoy se encuentre prófuga. La advertencia se conoce después de que un juzgado de Bogotá reactivó la orden de captura en su contra por su presunta participación en el atentado terrorista perpetrado en 2017.
De acuerdo con la decisión de la juez 22 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá, se reanudó la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario contra Arango Ramírez y se libró una nueva orden de captura para que sea ubicada y recluida nuevamente mientras avanza el juicio por terrorismo. En el mismo auto, el despacho compulsó copias a la Procuraduría para que investigue posibles responsabilidades disciplinarias de funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz por la tardanza en informar que el Ejecutivo le había retirado la calidad de gestora de paz.
Bernate, representante de once mujeres víctimas del ataque, sostuvo que la omisión del Gobierno al no notificar oportunamente a la Fiscalía y al juez sobre el fin del rol de ‘Violeta’ como gestora de paz dejó un vacío que permitió que la procesada abandonara el radar de las autoridades.
Lea también: (Enfrentamientos en límites de Norte de Santander y Cesar dejan heridos y desplazamientos forzados)
Violeta Arango Ramírez, conocida con los alias de ‘Violeta’, ‘Tatiana’ o ‘Isabela Domínguez’, fue señalada por la Fiscalía de integrar el Ejército de Liberación Nacional, ELN y de haber hecho parte antes del autodenominado Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP). El ente acusador la vinculó a una serie de atentados con explosivos entre 2015 y 2017 contra sedes de la DIAN, entidades financieras, EPS y establecimientos comerciales en Bogotá y Pereira, y radicó en su contra cargos por homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, terrorismo, concierto para delinquir agravado y rebelión.
El atentado del centro comercial Andino ocurrió el 17 de junio de 2017, hacia las 5 de la tarde, en vísperas del Día del Padre. Un artefacto explosivo fue colocado en el baño de mujeres del segundo piso del centro comercial, en el norte de Bogotá. La detonación causó la muerte de tres mujeres —entre ellas una ciudadana francesa— y dejó al menos nueve personas heridas, en un momento de alta afluencia de clientes. El caso fue considerado uno de los ataques terroristas más graves en la capital en la última década y dio origen a un proceso penal en el que las víctimas reclaman verdad, justicia y reparación.
Otras noticias
Etiquetas