Fiscalía aparta fiscal en caso Julián Bedoya por riesgo de prescripción

La Fiscalía General de la Nación decidió apartar al fiscal Fernando Augusto Arias Velásquez de la investigación contra el exsenador Julián Bedoya Pulgarín, ante el alto riesgo de que el caso precluya por vencimiento de términos.

El proceso judicial contra Bedoya Pulgarín se adelanta por su presunta responsabilidad en los delitos de falsedad en documento privado, falsedad ideológica en documento privado y fraude procesal, relacionados con supuestas irregularidades en la obtención de su título de abogado en la Universidad de Medellín.

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Las denuncias, conocidas desde 2019, señalan que el entonces congresista habría retomado sus estudios tras casi una década de inactividad académica y aprobado 16 exámenes en apenas cuatro jornadas, lo que encendió las alertas de entidades como el Ministerio de Educación, la Fiscalía y la Procuraduría.

Desde entonces, el caso ha estado marcado por cuestionamientos sobre posibles dilaciones. En febrero pasado, el Tribunal Superior de Bogotá advirtió que la defensa del exsenador estaría buscando retrasar el proceso con el fin de alcanzar la prescripción del delito de fraude procesal, cuyo plazo legal vencería en julio de este año.

Según la Fiscalía, la defensa ha interpuesto múltiples recursos que han frenado el avance del proceso. Entre ellos, 33 observaciones al escrito de acusación presentadas el 19 de mayo de 2025, que obligaron a suspender audiencias preparatorias, así como una solicitud de nulidad radicada el 9 de junio del mismo año, que también detuvo el curso del caso.

Aunque dicha nulidad fue resuelta el 21 de julio de 2025, la defensa apeló la decisión, lo que generó nuevas demoras. Actualmente, las próximas audiencias están programadas entre el 24 de agosto y el 4 de septiembre de 2026, fechas para las cuales el proceso podría haber prescrito.

Ante este panorama, la Fiscalía optó por reasignar el caso a un nuevo fiscal para garantizar su continuidad. “El término de prescripción del delito de falsedad en documento privado se encuentra próximo a cumplirse, lo que exige adoptar medidas orientadas a evitar nuevos aplazamientos”, señaló el ente investigador.

La decisión busca destrabar el proceso y evitar que la acción penal contra el exsenador quede sin efecto por el paso del tiempo.

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