Walter Martínez, enviado a prisión por escándalo de contrabando en Lili Pink

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Delegada para las Finanzas Criminales y sus direcciones especializadas, logró la judicialización de Walter Francisco Martínez Martínez, señalado de integrar una red transnacional dedicada al ingreso de recursos ilícitos y mercancía de contrabando al país a través de la marca de ropa femenina Lili Pink.

De acuerdo con la investigación, Martínez Martínez habría participado en la creación, administración y representación legal de al menos siete empresas de papel importadoras. Estas estructuras eran utilizadas para simular operaciones de comercio exterior y evadir controles aduaneros, facilitando el ingreso de prendas de vestir, juguetes, productos cosméticos y otros artículos con apariencia de legalidad.

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Las autoridades establecieron que varias de las sociedades registraban direcciones inexistentes, ubicadas en lotes desocupados o inmuebles residenciales sin relación con la actividad reportada. Asimismo, se evidenció que las maniobras fraudulentas habrían permitido el incremento patrimonial de los presuntos responsables del entramado ilegal.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó al procesado los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito a favor de terceros. Martínez Martínez no aceptó los cargos y, por decisión de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Mientras se define su traslado, el procesado permanece detenido en un centro médico y será remitido a prisión una vez se verifique su estado de salud.

En paralelo, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio entregó a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) 391 establecimientos de comercio, 40 inmuebles, cinco vehículos de alta gama y una sociedad, bienes que ascienden a 534.513 millones de pesos. A esto se suman recursos líquidos por $3.068 millones en productos financieros y $49 millones en efectivo.

Durante las diligencias de ocupación, se constató que los activos están integrados a la operación de la estructura investigada y mantienen continuidad en su funcionamiento, por lo que se deberán garantizar su conservación, productividad y control bajo la administración estatal.

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