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Crisis carcelaria: Corte ordena sacar a 2.615 presos de estaciones de Policía
Alto Tribunal pidió acelerar obras y buscar alternativas para ampliar los cupos penitenciarios en el país.
La Corte Constitucional impartió nuevas órdenes para intentar destrabar la crisis de infraestructura carcelaria que enfrenta Colombia. Entre las principales medidas se encuentran la búsqueda de alternativas para construir y adecuar establecimientos penitenciarios y el traslado de 2.615 personas privadas de la libertad que permanecen desde hace más de un año en estaciones de Policía, pese a que estos espacios están destinados únicamente a detenciones transitorias.
La decisión fue adoptada por la Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) Penitenciario y Carcelario, mediante el Auto 1460 de 2026, con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar. Con esta determinación, el alto tribunal busca que las autoridades adopten medidas concretas frente al déficit de cupos y las deficientes condiciones de algunos establecimientos.
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Uno de los principales problemas identificados por la Corte es que el modelo tradicional de financiación pública y ejecución estatal ha resultado insuficiente para responder a las necesidades del sistema penitenciario. Sin embargo, la falta de recursos no es el único obstáculo: también existen proyectos que no avanzan, obras inconclusas e instalaciones que, pese a haber recibido inversiones, no están funcionando ni han generado nuevos espacios para las personas privadas de la libertad.
A este panorama se suman las advertencias de los organismos de control. La Procuraduría documentó deterioro estructural, fallas en los servicios sanitarios y obras sin terminar. Por su parte, la Contraloría identificó 122 hallazgos y advirtió que las inversiones realizadas no se han traducido en cupos efectivos ni han permitido poner en funcionamiento espacios que ya deberían estar operativos.
En su análisis, la Corte identificó cuatro dificultades principales que han impedido avanzar en la solución de la crisis. La primera corresponde al cálculo insuficiente de los costos y los tiempos necesarios para ejecutar las obras. La segunda es la dependencia casi exclusiva de los recursos públicos para financiar los proyectos.
La tercera dificultad está relacionada con la prioridad que se ha dado a la construcción de infraestructura física, sin atender de manera suficiente los programas de resocialización ni las condiciones en las que permanecen las personas privadas de la libertad. Finalmente, el alto tribunal señaló que no se han comparado suficientemente las distintas alternativas disponibles para financiar y ejecutar los proyectos.
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