David Murcia Guzmán pidió indulto humanitario al Gobierno Petro

David Murcia Guzmán, empresario condenado por el caso DMG, solicitó formalmente en octubre de 2025 un indulto humanitario al Gobierno del presidente Gustavo Petro con el fin de recuperar su libertad. La petición fue radicada ante el ministerio de Justicia mientras permanece recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá.

La existencia del escrito se conoció luego de que la defensa del candidato presidencial Abelardo de la Espriella hiciera referencia al documento en medio de denuncias cruzadas y señalamientos públicos relacionados con la representación jurídica que ejerció el abogado en el proceso penal contra Murcia.

Posteriormente, el abogado Germán Calderón divulgó el texto dirigido al entonces ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre. El documento está fechado el 8 de octubre de 2025 y en él el empresario solicita la aplicación de un “Indulto Humanitario”, invocando las facultades constitucionales del poder Ejecutivo.

Le va a interesar (EE.UU. respalda a Colombia en la erradicación de cultivos de coca con drones y glifosato)

La revelación se produjo días después de que Murcia interpusiera una denuncia disciplinaria contra De la Espriella por presuntas irregularidades ocurridas tras su captura y durante el proceso judicial relacionado con su condición de fundador de DMG Grupo Holding S.A..

En esa actuación, el interno aseguró que el abogado se habría apropiado de $5.000 millones entregados como honorarios, pese a haber renunciado posteriormente a su defensa. El candidato presidencial ha rechazado los señalamientos.

En la comunicación al ministerio de Justicia, Murcia indica que actúa en nombre propio y recuerda que se encuentra privado de la libertad en La Picota. En el documento expone un relato detallado sobre el origen, crecimiento e intervención estatal de DMG, creada en 2005 como una sociedad dedicada a la comercialización de bienes y servicios mediante tarjetas prepagadas.

También hace referencia al proceso de toma de posesión y liquidación judicial adelantado por la Superintendencia de Sociedades, mencionando cifras relacionadas con bienes, activos y recursos recuperados, así como montos devueltos a personas reconocidas dentro del proceso de intervención.

El escrito incluye cuestionamientos a decisiones estatales que, según su versión, derivaron en su captura, extradición y condenas tanto en Colombia como en Estados Unidos. En ese contexto, sostiene que su caso obedecería a una persecución política y afirma que ha sido presentado públicamente como responsable de conductas que, de acuerdo con su relato, no se probaron en distintos escenarios judiciales.

Otras noticias