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Corte Suprema revocó absolución de mujer trans que besó a un niño en Medellín
El alto tribunal concluyó que sí existió responsabilidad penal pero redujo la pena de 108 a 18 meses de prisión al considerar el contexto de exclusión y violencia que enfrentaba la procesada.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó la absolución que el Tribunal Superior de Medellín había concedido a una mujer trans procesada por el delito de actos sexuales con menor de 14 años, al concluir que sí existía responsabilidad penal por los hechos ocurridos en 2020.
El caso se remonta a un episodio registrado en Medellín, cuando esta persona que se identifica con el género femenino y quien era víctima de malos tratos por su orientación sexual, besó en la boca a un niño de ocho años e introdujo su lengua en la boca del menor.
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Tras lo ocurrido, fue capturada por la Policía en medio de agresiones e insultos por parte de la comunidad.
Inicialmente, el Juzgado Treinta Penal del Circuito de Medellín la condenó en octubre de 2021 a 108 meses de prisión por el delito de actos sexuales con menor de 14 años.
Sin embargo, en marzo de 2023 el Tribunal Superior de Medellín revocó esa decisión y la absolvió, tras un recurso presentado por la defensa y el Ministerio Público.
La Fiscalía interpuso un recurso de casación y la Corte Suprema revisó nuevamente el expediente. En su decisión, la Sala Penal concluyó que las pruebas demostraban que la conducta sí ocurrió y que el beso con introducción de lengua tenía una connotación sexual, por lo que confirmó la responsabilidad penal de la procesada.
No obstante, el alto tribunal modificó la pena al aplicar la circunstancia de menor punibilidad prevista en el artículo 56 del Código Penal.
La Corte consideró que la mujer había vivido en un contexto de profunda marginalidad, exclusión, discriminación y violencia relacionada con su identidad de género, circunstancias que influyeron en la comisión del delito, aunque no eliminaban su responsabilidad.
En consecuencia, la condena fue reducida de 108 meses a 18 meses de prisión.
Además, la Corte ordenó remitir copias del proceso a la Fiscalía General de la Nación para que investigue las presuntas agresiones que habría sufrido la condenada durante los hechos relacionados con su captura.
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