Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, es trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita

Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, fue capturado este viernes 30 de octubre de 2026 para hacer efectivo su traslado a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá, después de que un juez penal del circuito de Medellín revocara la medida de detención domiciliaria que cumplía desde comienzos de mes por un proceso relacionado con presuntas irregularidades en contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva).

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) determinó que el exconcejal de Medellín fuera recluido en el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario con Alta Seguridad de Cómbita, conocido como El Barne, ubicado en el kilómetro 17 de la carretera que comunica a Tunja con Paipa.

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El procedimiento de traslado comenzó en una finca situada en el municipio de Copacabana, Antioquia, donde Quintero permanecía privado de la libertad bajo la modalidad de detención domiciliaria. Agentes de la Policía Nacional y funcionarios penitenciarios participaron en el operativo para ejecutar la nueva decisión judicial.

Posteriormente, el procesado fue conducido hacia Rionegro, Antioquia, desde donde se organizó su desplazamiento hacia Boyacá. La determinación judicial establece que deberá permanecer privado de la libertad en un establecimiento penitenciario mientras continúa el proceso penal en su contra.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín, que resolvió en segunda instancia el recurso de apelación presentado por la Fiscalía General de la Nación contra la medida impuesta el pasado 2 de octubre por el Juzgado 27 Penal Municipal con Función de Control de Garantías.

En aquella oportunidad, el despacho judicial había autorizado que Miguel Quintero cumpliera la medida de aseguramiento en su residencia, mientras que Sebastián de Dios Ortega Urán, otro de los investigados por los mismos hechos, continuaría vinculado al proceso en libertad.

La Fiscalía y los representantes de las víctimas cuestionaron la decisión inicial y solicitaron que Quintero fuera recluido en un establecimiento penitenciario. Al resolver la apelación, el juez de segunda instancia modificó la modalidad de privación de la libertad y dispuso que el Inpec ejecutara la orden correspondiente.

El proceso judicial contra Miguel Quintero está relacionado con presuntas irregularidades en la contratación celebrada entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, mediante convenios que alcanzaron un valor aproximado de $17.656 millones.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, los hechos se habrían presentado entre 2020 y 2022, cuando se estructuraron acuerdos contractuales relacionados, entre otras actividades, con el suministro de elementos de bioseguridad durante la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de covid-19.

El organismo investigador sostiene que varios de esos contratos habrían sido direccionados para favorecer a determinados contratistas mediante acuerdos que contemplaban el pago de comisiones sobre los recursos públicos comprometidos.

Según la hipótesis de la Fiscalía, inicialmente se habría establecido una comisión equivalente al 20 % del valor de los contratos. Posteriormente, durante una reunión celebrada en junio de 2020, ese porcentaje presuntamente fue reducido al 15 %.

Las pesquisas señalan que el dinero comprometido en las operaciones investigadas habría permitido la apropiación irregular de aproximadamente $2.481 millones, de los cuales $1.654 millones habrían sido destinados al beneficio particular de Quintero y otros $827 millones a terceros.

Estas cifras corresponden a los señalamientos formulados por la Fiscalía dentro del proceso penal y no constituyen una declaración judicial definitiva sobre la responsabilidad de los investigados.

Miguel Quintero fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Durante las diligencias judiciales celebradas en septiembre de 2026, el procesado no aceptó los cargos formulados por el organismo acusador.

La investigación también involucra a Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector administrativo y financiero del Área Metropolitana del Valle de Aburrá; Vanessa Álvarez Restrepo, quien estuvo vinculada como contratista de la entidad, y Sebastián de Dios Ortega Urán.

En el expediente figura igualmente Misael Alberto Cadavid, exintegrante de la dirección del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, quien fue vinculado a las investigaciones y posteriormente se convirtió en uno de los principales testigos de la Fiscalía.

De acuerdo con la acusación, Villada habría intervenido en decisiones administrativas relacionadas con la contratación, mientras que Álvarez presuntamente participó en la elaboración de estudios previos que habrían facilitado el direccionamiento de recursos.

Por su parte, Ortega habría cumplido funciones de intermediación entre personas vinculadas al Cuerpo de Bomberos de Itagüí, antiguos funcionarios del Área Metropolitana y Miguel Quintero.

Dentro del material recopilado por los investigadores aparecen conversaciones electrónicas, entrevistas, documentos contractuales y registros de comunicaciones entre varios de los implicados.

Entre esos elementos se encuentran mensajes intercambiados en un grupo de WhatsApp denominado inicialmente “Alternativos” y posteriormente “Amigos”, en el cual, según la Fiscalía, se habrían tratado asuntos relacionados con contrataciones, nombramientos y decisiones administrativas.

El organismo investigador sostiene que Miguel Quintero habría ejercido influencia sobre determinadas actuaciones del Área Metropolitana, pese a no desempeñar un cargo directivo dentro de esa entidad.

Una de las líneas de investigación está relacionada con recomendaciones de hojas de vida y presuntas intervenciones en la designación o salida de funcionarios. Estas actuaciones forman parte de los hechos examinados por las autoridades judiciales para establecer si existió una estructura destinada a obtener beneficios económicos mediante contratación pública.

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