Gobierno no prorrogará contrato de fiducia del FOMAG y anuncia transición para garantizar atención a maestros

El Ministerio de Educación Nacional anunció que no prorrogará el Contrato de Fiducia Mercantil No. 083 de 1990, suscrito con Fiduprevisora S. A., cuyo vencimiento está previsto para el 31 de octubre de 2026. 

La decisión fue adoptada durante una sesión extraordinaria del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), con el acompañamiento de los ministerios de Trabajo y de Hacienda.

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Según el Gobierno, la medida se sustenta en recomendaciones técnicas, jurídicas, financieras y operativas de las carteras de Trabajo, Hacienda y representantes de Fecode, así como en informes de supervisión, hallazgos de entidades de control y aportes de maestros y otros actores del sistema. 

La administración aseguró que esta determinación busca corregir fallas identificadas en el funcionamiento del fondo y fortalecer la protección de los derechos de los afiliados.

La transición comenzará el 1 de noviembre de 2026 y tendrá una duración inicial de un año, con posibilidad de prorrogarse por un año adicional. 

Durante ese periodo, las autoridades garantizarán la continuidad de los servicios de salud, incluidos tratamientos en curso y entrega de medicamentos, además del trámite y reconocimiento de las prestaciones económicas conforme a los procedimientos y términos aplicables. 

Asimismo, se revisarán y corregirán las condiciones de administración y operación del sistema.

La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, afirmó que el Gobierno asumirá la responsabilidad de liderar la transición y corregir las fallas documentadas en el sistema. 

Asimismo, señaló que la decisión no implica un desconocimiento de los derechos adquiridos por los maestros ni la interrupción de los servicios prestados por las instituciones de salud.

“No podemos prolongar las condiciones que han contribuido a esta crisis ni normalizar sus consecuencias. El FOMAG no es solo un instrumento administrativo o financiero, es el mecanismo a través del cual el Estado debe responder por los derechos de quienes educan a Colombia. El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella asume la responsabilidad de conducir esta transición, corregir las fallas documentadas y rendir cuentas sobre los avances y asuntos pendientes”, afirmó la ministra.

Por su parte, la ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes, sostuvo que los docentes no pueden asumir las consecuencias de las fallas administrativas y que la transición debe garantizar que sus derechos no se vean afectados.

“Los maestros no pueden asumir las consecuencias de las fallas administrativas. La salud y las prestaciones sociales son derechos que el Estado debe proteger. Esta transición debe poner a los afiliados en el centro y asegurar que sus derechos no se vean afectados”, señaló.

Entre tanto, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, destacó la necesidad de administrar los recursos destinados a la salud del magisterio con transparencia, trazabilidad y control, “y traducirse en atención efectiva para los maestros y sus familias”.

El Ministerio de Educación también informó que solicitó a Fiduprevisora un plan detallado para asegurar la operación durante la etapa de transición y pidió a la Superintendencia Nacional de Salud realizar un seguimiento especial para garantizar la prestación de los servicios médicos a los maestros y sus familias por parte de las IPS.

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