Corte Suprema revela chats de Wadith Manzur con gestiones ante el exministro Ricardo Bonilla en el caso Ungrd

El proceso judicial que avanza en la Corte Suprema de Justicia contra varios congresistas por presuntas irregularidades relacionadas con contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) ha incorporado nuevas pruebas documentales que detallan comunicaciones entre el representante Wadith Manzur y funcionarios del Ministerio de Hacienda durante el trámite de proyectos legislativos en el Congreso de la República.

Registros de conversaciones, testimonios rendidos ante las autoridades judiciales y actas institucionales forman parte del expediente que examina el alto tribunal.

Según la investigación, estos elementos permitirían reconstruir un sistema de contactos y gestiones que habría vinculado decisiones legislativas con la asignación de contratos financiados con recursos administrados por la Ungrd.

El caso se encuentra en etapa de juzgamiento para varios congresistas señalados de haber condicionado su actuación en debates del Congreso a la obtención de proyectos y contratos dirigidos a territorios específicos.

Entre los elementos probatorios incluidos en el proceso aparecen intercambios de mensajes, declaraciones de testigos y registros de reuniones que describen las gestiones adelantadas por los legisladores investigados.

Mensajes y solicitudes de reunión con el Ministerio de Hacienda

De acuerdo con el escrito de acusación conocido por el alto tribunal, Wadith Manzur habría enviado varios mensajes a María Alejandra Benavides, quien para ese momento se desempeñaba como asesora del Ministerio de Hacienda.

En dichas comunicaciones el congresista solicitaba la programación de reuniones con el entonces ministro Ricardo Bonilla, en momentos previos a sesiones legislativas relacionadas con la discusión de iniciativas gubernamentales.

Uno de los mensajes incluidos en el expediente indica: “De verdad, si no, no va a funcionar nada Mariale. Solo te dejo la constancia por acá (...). Te lo tengo que decir porque el miércoles hay sesión y cuando las cosas no salgan no digan después que uno es problemático (...)”.

El documento judicial señala que estas comunicaciones se habrían producido en un contexto en el que el Congreso se preparaba para debatir proyectos legislativos relacionados con asuntos presupuestales.

Según la hipótesis de la Fiscalía y de la Corte Suprema, los mensajes reflejarían la insistencia del congresista en concretar conversaciones directas con el jefe de la cartera de Hacienda antes de las votaciones.

Otra comunicación incluida en la acusación muestra un nuevo requerimiento del representante a la asesora ministerial: “Mariale, porfa déjame hablar con el ministro. De verdad estoy muy inconforme. Estoy pendiente Mariale”.

Según la declaración rendida por Benavides ante las autoridades judiciales, varios congresistas habrían realizado solicitudes similares en el marco de las discusiones legislativas de ese periodo.

Entre los nombres mencionados por la testigo se encuentra también la senadora Liliana Bitar.

Insistencias registradas durante sesiones del Congreso

El expediente también recoge episodios ocurridos durante sesiones parlamentarias. Según los registros analizados por la Corte Suprema, el 17 de octubre de 2023 Wadith Manzur reiteró su interés de conversar con el entonces ministro Ricardo Bonilla en medio de una jornada legislativa.

Las grabaciones oficiales del Congreso documentan momentos en los que el representante se dirigió al ministro para solicitar un diálogo.

En esas intervenciones expresó inconformidad por la falta de avances en las gestiones que había planteado previamente.

Posteriormente, el 31 de octubre de ese mismo año se realizó una reunión en la que participaron los congresistas Liliana Bitar, Wadith Manzur y Julián Peinado Ramírez, junto con el ministro Bonilla.

Este encuentro ha sido señalado por los investigadores como un momento relevante dentro de la secuencia de contactos examinados en el proceso.

El documento de acusación describe el contexto en el que se produjeron esas comunicaciones.

Según la Corte Suprema, Manzur preguntó por la fecha de regreso del ministro y expresó la necesidad de hablar con él antes de la presentación de una ponencia relacionada con el proyecto de ley del presupuesto general.

La acusación detalla lo siguiente: “Manzur indagó por la fecha de regreso del ministro y subraya la necesidad de hablar con él ‘antes de que haya ponencia’, en alusión al trámite presupuestal de esos días del proyecto de ley de presupuesto general.

Sin embargo, de manera inmediata enlaza esa urgencia con la inminencia de la sesión del miércoles, al señalar: ‘yo necesito hablar con él’; ‘si no, no va a funcionar nada’; y al dejar constancia preventiva: ‘cuando las cosas no salgan no digan después que uno es problemático’; ‘es más feo que yo no te diga nada y que solo te notifique en la sesión’”.

Señalamientos sobre acuerdos para gestionar proyectos

Dentro de la investigación también aparece el testimonio de María Alejandra Benavides, quien fue considerada por los investigadores como una de las principales fuentes para reconstruir los hechos.

Según su declaración, durante una de las reuniones mencionadas se habría autorizado a los congresistas a presentar proyectos ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

En ese encuentro, afirma la testigo, se habría acordado la distribución de quince cupos destinados a financiar iniciativas en diferentes territorios.

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La Corte Suprema ha señalado que este tipo de acuerdos constituiría uno de los elementos centrales de la investigación, en la medida en que permitiría establecer si existió una relación entre las decisiones legislativas y la asignación de recursos públicos.

El tribunal también destacó dos características que, según su análisis preliminar, aparecen de manera recurrente en las actuaciones examinadas.

La primera es el uso de mecanismos de comunicación con altos niveles de reserva, entre ellos aplicaciones de mensajería cifrada como Signal y el intercambio de documentos en sobres cerrados.

El segundo aspecto señalado por la Corte se relaciona con las respuestas ofrecidas por algunos de los funcionarios interrogados.

Según el alto tribunal, varias de las personas que han rendido testimonio han manifestado no recordar detalles específicos de las conversaciones o reuniones investigadas.

Para los magistrados, estos elementos podrían indicar la existencia de relaciones de cooperación entre determinados integrantes del Congreso y funcionarios del Ejecutivo para tramitar solicitudes de proyectos financiados con recursos estatales.

Congresistas procesados y territorios vinculados a los contratos

Entre los dirigentes políticos procesados en el expediente figuran Karen Manrique, Julián Peinado Ramírez, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo y el excongresista Juan Diego Muñoz. La investigación también involucra al representante Wadith Manzur.

Manrique se encuentra actualmente privada de la libertad, al igual que Manzur, mientras se desarrolla el proceso judicial.

Según las indagaciones adelantadas por la Corte Suprema, las gestiones realizadas por los congresistas investigados habrían estado orientadas a obtener contratos financiados por la Ungrd para proyectos en municipios específicos.

Entre las localidades mencionadas en el expediente aparecen Saravena, Cotorra y El Carmen de Bolívar.

Los mensajes recopilados por los investigadores evidenciarían solicitudes reiteradas para que los compromisos se materializaran antes de votaciones relacionadas con proyectos presupuestales en el Congreso.

El esquema descrito por la investigación señala que los proyectos eran canalizados hacia la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres mediante intermediarios políticos, evitando en algunos casos los procedimientos administrativos habituales.

De acuerdo con el testimonio de Benavides, durante varias reuniones se habría acordado de forma directa la distribución de cupos presupuestales para financiar iniciativas en regiones donde los congresistas investigados tenían presencia electoral.

La Corte Suprema también ha identificado una serie de episodios en los que la participación de funcionarios del Gobierno habría sido determinante para habilitar recursos solicitados por los legisladores bajo investigación.

El proceso ha tenido repercusiones inmediatas para varios de los implicados. Wadith Manzur y Karen Manrique permanecen detenidos mientras avanza el juicio en la Corte Suprema de Justicia.

La situación jurídica de los demás congresistas investigados podría tener implicaciones en la conformación del Congreso. Si alguno de ellos continúa privado de la libertad al inicio de la nueva legislatura, prevista para el 20 de julio, podría aplicarse la figura conocida como “silla vacía”.

Este mecanismo, contemplado en la legislación colombiana, establece que cuando un congresista es investigado por delitos relacionados con corrupción o vínculos con estructuras criminales, su curul no puede ser reemplazada por otro integrante de su partido mientras se resuelve el proceso judicial.

El caso también ha generado repercusiones dentro del Gobierno nacional debido a las declaraciones rendidas por algunos exministros durante las diligencias judiciales. Varias de esas intervenciones han sido cuestionadas por inconsistencias señaladas por los investigadores.

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