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Coronel (r) Juan Carlos Figueroa aceptó ante la JEP responsabilidad por falsos positivos en Valledupar
El oficial en retiro reconoció su responsabilidad por omisión en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas ocurridas cuando comandó el Batallón La Popa, en la capital del Cesar.
El coronel en retiro Juan Carlos Figueroa Suárez aceptó este martes su responsabilidad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por su participación, a título de omisión, en casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas en Valledupar, durante el periodo en el que estuvo al mando del Batallón de Artillería No. 2 La Popa.
El reconocimiento se produjo en la mañana del 27 de enero de 2026, durante la audiencia preparatoria del Juicio Adversarial Transicional, en el marco del proceso que adelanta la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, que lo señala como presunto responsable de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en la región Caribe.
Según la acusación, Figueroa Suárez estaría vinculado a por lo menos 24 hechos criminales que habrían dejado 38 víctimas. En la diligencia judicial, el oficial retirado confirmó que conocía los cargos formulados en su contra y aseguró que su comparecencia ante el tribunal fue libre y voluntaria, además de contar con asesoría jurídica.
Durante su intervención, el coronel (r) reconoció que no ejerció los controles necesarios sobre sus subalternos y aceptó que, bajo su mando, operaciones militares ordenadas conforme a la ley derivaron en acciones criminales. En ese sentido, admitió su responsabilidad por no haber detectado ni frenado el asesinato de civiles, hechos conocidos posteriormente como “falsos positivos”.
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Figueroa Suárez también señaló fallas estructurales en la cadena de mando y en distintas instituciones del Estado, entre ellas la Justicia Penal Militar, la Fiscalía y autoridades policiales del Cesar, las cuales —según afirmó— incurrieron en omisiones que impidieron detectar y sancionar oportunamente las irregularidades.
En su declaración, el militar retirado hizo referencia a la presunta existencia de “nóminas paralelas” mediante las cuales integrantes de la Fuerza Pública habrían recibido pagos de estructuras paramilitares en el departamento, así como a la falta de respaldo de superiores para investigar hechos ocurridos en 2004.
No obstante, sostuvo que durante su periodo de mando no se había identificado el riesgo operacional asociado a los falsos positivos, señalando que este fenómeno fue reconocido de manera institucional años después. Aun así, reiteró su aceptación de responsabilidad por omisión y cerró su intervención expresando perdón hacia quienes, según dijo, declararon en su contra o cuestionaron su actuación.
Con esta admisión, el proceso contra el coronel (r) Juan Carlos Figueroa entra en una nueva fase dentro del modelo de justicia transicional, en la que la JEP evaluará el alcance de su responsabilidad y las eventuales sanciones propias previstas en el Acuerdo de Paz.
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