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Carrusel de la contratación: Corte Suprema condena nuevamente a Iván Moreno
El exsenador aceptó cargos por manipular contratos en el Acueducto de Bogotá y la Secretaría de Integración Social, donde su doble condición de congresista y hermano del alcalde fue clave para operar la red corrupta.
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exsenador Néstor Iván Moreno Rojas mediante sentencia anticipada por su rol como líder del denominado Carrusel de los Contratos de Bogotá. El fallo lo halló responsable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros, agravado por la cuantía, luego de que el procesado aceptara los cargos de manera libre y voluntaria.
De acuerdo con la providencia, Moreno Rojas utilizó su poder político para influir "indebidamente en los funcionarios" de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), logrando que estos se interesaran de forma irregular en los procesos de contratación. El esquema, según la Corte, operaba mediante la "entrega de comisiones" por parte de los contratistas beneficiados, quienes financiaban dichos pagos con los propios anticipos de los contratos estatales.
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El tribunal destacó que el mecanismo fue posible gracias a una combinación de factores que la Corte consideró determinantes: la investidura de congresista que ostentaba Moreno Rojas y su condición de hermano del entonces alcalde mayor de Bogotá, Samuel Moreno. Ambos elementos, señala el fallo, "influyeron de manera fundamental en la ejecución de las conductas" y le permitieron al condenado capturar la administración pública mediante "cuotas burocráticas", dentro del "modus operandi de la empresa ilegal que lideró".
En cuanto a los montos, la Corte estableció que las comisiones recibidas ascendieron a $350 millones por contratos en la Secretaría de Integración Social y a $1.000 millones en relación con el contrato del túnel Tunjuelo-Canoas en el Acueducto, para un total de $1.350 millones en pagos ilegales que sustentan la responsabilidad penal del excongresista.
Como consecuencia, la Sala impuso una pena de 86 meses de prisión —aproximadamente siete años y dos meses—, resultado de aplicar las rebajas correspondientes a la aceptación anticipada de cargos.
La condena incluye, además, multa económica e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, ratificando la responsabilidad de Moreno Rojas como determinador de delitos contra la administración pública en concurso homogéneo y heterogéneo.
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