Contraloría alerta irregularidades en millonarios contratos de arriendo de la Dian

La Contraloría General de la República reveló irregularidades en contratos de arriendo suscritos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), tras una auditoría fiscal que identificó hallazgos por más de 17.286 millones de pesos. El informe concluye que los recursos se destinaron a inmuebles que no fueron utilizados conforme al propósito por el cual fueron arrendados.

El organismo de control explicó que los pagos corresponden al alquiler de edificaciones que no cumplieron con el objetivo inicial de albergar a nuevos funcionarios, lo que representa un uso inadecuado e ineficaz del dinero público. Entre los inmuebles señalados se encuentran el edificio San Martín y la Torre Sur, ambos localizados en Bogotá.

Según la auditoría, los contratos de arriendo fueron justificados en la necesidad de ampliar la planta de personal de la Dian. No obstante, la Contraloría evidenció que dichos espacios terminaron siendo ocupados, de forma provisional, por funcionarios que ya contaban con sedes y puestos de trabajo asignados previamente dentro de la entidad.

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Esta situación generó pagos por el uso de inmuebles que no estaban cumpliendo la función institucional proyectada, lo que, de acuerdo con la Contraloría, configura un uso ineficiente de los recursos públicos. El informe advierte que la falta de planificación en la ejecución de estos contratos afectó la gestión administrativa y presupuestal de la entidad.

El ente de control también señala la ausencia de estudios técnicos previos que justificaran plenamente la necesidad de estos arriendos, así como debilidades en los mecanismos de seguimiento y supervisión contractual por parte de la Dian. Estas omisiones incidieron directamente en la materialización de los hallazgos fiscales reportados.

La Contraloría recomendó a la Dian implementar acciones correctivas que garanticen una planeación adecuada y un uso eficiente de los recursos destinados al arrendamiento de bienes inmuebles. También instó a fortalecer los procesos internos de evaluación y seguimiento de contratos para evitar que situaciones similares se repitan.

Finalmente, el caso será remitido a las instancias competentes para determinar eventuales responsabilidades disciplinarias, fiscales o penales. Mientras tanto, la Contraloría continuará con su labor de verificación y control sobre la ejecución del gasto público en las entidades del Estado.

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