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Caso Deicy Jiménez: abren incidente contra directora administrativa del Senado por presunta obstrucción
Astrid Salamanca deberá explicar por qué habría impedido el ingreso de peritos que buscaban recaudar pruebas en el caso de Deicy Jiménez.
La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió un incidente de medida correctiva contra Astrid Salamanca, directora administrativa del Senado de la República, por presuntamente obstaculizar el ingreso de una comisión judicial a las instalaciones del Congreso. La actuación busca establecer si la funcionaria dificultó el cumplimiento de una diligencia ordenada por el alto tribunal.
Los hechos ocurrieron cuando un grupo de peritos de la Corte llegó al Capitolio Nacional para realizar una inspección y recopilar documentación necesaria para una investigación en curso.
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Las actuaciones hacen parte de las verificaciones que adelanta la corporación por los señalamientos que relacionan a la senadora María José Pizarro y al expresidente Gustavo Petro con el caso de Deisy Jiménez.
De acuerdo con la información del proceso, los funcionarios judiciales tenían la instrucción de acceder a información institucional y contractual considerada relevante para el expediente. Por esta razón, el ingreso oportuno de la comisión era necesario para garantizar la recolección de los elementos probatorios y evitar posibles alteraciones de los documentos requeridos.
En ese contexto, el incidente de medida correctiva pretende determinar si desde la administración del Senado se presentó una conducta dilatoria frente a las órdenes impartidas por la autoridad judicial, cuyo cumplimiento debía garantizarse de manera inmediata.
Como parte del procedimiento, Astrid Salamanca tendrá que presentar explicaciones formales ante el magistrado instructor y justificar los protocolos de acceso que se aplicaron durante el operativo. La funcionaria deberá aclarar las circunstancias que rodearon el presunto impedimento al ingreso de los peritos y las decisiones adoptadas por la dependencia a su cargo.
Asimismo, la Corte evaluará si la actuación de la directora administrativa constituyó una interferencia injustificada en el desarrollo de la diligencia judicial. En caso de establecerse su responsabilidad por obstaculizar las labores de los investigadores, podrían imponerse sanciones pecuniarias y disciplinarias, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.
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